LA “CASA es de HIJA de CARLOTA”: “DESESPERANTE INACCION de la JUSTICIA MOTIVÓ la RESPUESTA VIOLENTA y una COSA LLEVO a la OTRA”
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México que fue lenta para atender denuncia de despojo,aseguró que Mariana ‘N’, hija de Carlota ‘N’, es la dueña del domicilio en Chalco, por el cual la mujer agredió a balazos a presuntos invasores.
La dependencia aseguró que la hija de la mujer de 74 años denunció el pasado 27 de marzo el despojo del inmueble, donde ese mismo día tres sujetos ingresaron al domicilio ubicado en Hacienda La Labor, Colonia Hacienda de Guadalupe en Chalco.
Según la Fiscalía, el Ministerio Público correspondiente inició las averiguaciones previas, aunque los Policías de Investigación acudieron un día después al inmueble, sin encontrar a alguno de los presuntos invasores.
Cronología y actuación de la Fiscalía
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) enfrenta críticas por la lentitud en atender la denuncia de despojo presentada por Mariana “N”, hija de Carlota “N”, antes del fatal enfrentamiento del 1 de abril en Chalco. Estos son los detalles clave:
27 de marzo de 2025: Mariana “N” denunció ante el Ministerio Público de Chalco que tres personas ingresaron sin autorización a su domicilio en Hacienda La Labor, colonia Hacienda de Guadalupe, y sustrajeron objetos. La FGJEM solicitó videograbaciones del lugar y protección policial para la denunciante.
El 1 de abril, Carlota “N” (73 años), acompañada de sus hijos Mariana y Eduardo, llegó al domicilio para exigir el desalojo de los ocupantes. Ante la negativa, disparó contra ellos, matando a Esaú Márquez (51 años) y Justin Márquez (19 años), e hiriendo a un adolescente de 14 años. Todos fueron detenidos y trasladados al penal de Chalco el 4 de abril, acusados de homicidio calificado y tentativa.
Controversias y contradicciones
Denuncia vs inacción: Aunque Mariana presentó la denuncia el 27 de marzo, las autoridades no actuaron para desalojar a los ocupantes. El 31 de marzo, regresó con policías municipales, pero estos no intervinieron.
Allegatos de contrato: Familiares de las víctimas aseguran que tenían un contrato de arrendamiento, aunque no han proporcionado detalles del arrendador ni pruebas documentales.
Discrepancias en fechas: Algunos medios reportan una denuncia previa el 25 de marzo, mientras la FGJEM solo reconoce la del 27.
Repercusiones legales
La FGJEM insiste en que siguió el protocolo, pero la demora en resolver el conflicto de propiedad derivó en violencia. Mientras tanto, organizaciones civiles cuestionan los mecanismos legales para casos de despojo y piden reforzar medidas de protección para víctimas.