Los Treviño Morales "El Z-40" y "Z-42" piden ser repatriados
Trece de los 92 presuntos narcotraficantes expulsados por México a Estados Unidos entre 2025 y 2026 solicitaron formalmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) asistencia consular para ser repatriados y juzgados en territorio nacional. Entre los peticionarios figuran seis presuntos operadores de Los Zetas, organización criminal cuyo expediente en tribunales estadounidenses avanza simultáneamente con el proceso contra sus exlíderes máximos, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alias “El Z-40” y “El Z-42”.
Marco Antonio Avilés Huerta, abogado de los presuntos traficantes de droga, presentó el 3 de junio de 2026 el requerimiento por escrito ante la Cancillería y cuestionó que el Gobierno mexicano aplicara el debido proceso al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pero no a sus clientes, quienes enfrentan acusaciones de delitos similares. “El día de hoy estamos denunciando que se permitió por parte del Gobierno mexicano ese intervencionismo que para este momento tanto están alardeando de que no debemos permitir”, declaró el litigante al salir de la SRE.
La solicitud de repatriación comprende a Jesús Alberto Galaviz Vega, alias “El Z-13”; Juan Pedro Saldívar Farías, alias “El Z-27”; Miguel Ángel Rodríguez Díaz, alias “El Alfa Metro”; y Ramiro Pérez Moreno, alias “El Rama”, todos señalados como presuntos integrantes de Los Zetas. También incluye a Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, y a Carlos Alberto Monsivais Treviño, alias “La Bola”, del Cártel del Noreste (CDN), organización heredera de Los Zetas con principal zona de influencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Avilés Huerta no reveló la identidad de los otros siete presuntos extraditables para quienes también gestionó la asistencia consular.
El caso se inserta en el proceso judicial que, en la Corte Federal del Distrito de Columbia en Washington D.C., se sigue contra los hermanos Treviño Morales, extraditados el 27 de febrero de 2025 y acusados de empresa criminal continua, conspiración de tráfico de drogas, delitos con armas de fuego y conspiración internacional de lavado de dinero. Ambos se declararon no culpables el 14 de marzo de 2025 ante el juez Trevor McFadden. El 12 de septiembre de 2025, el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) informó al juez McFadden que no solicitaría la pena de muerte contra ninguno de los dos, decisión autorizada por la fiscal general Pamela Jo Bondi. El mismo expediente en que se ventila ese caso incluyó a Daniel Pérez Rojas, alias “El Cachetes”, exmilitar y lugarteniente del “Z-40”, quien se declaró culpable el 22 de abril de 2026 de conspiración para el narcotráfico internacional y enfrenta sentencia el 30 de octubre de 2026, con pena de entre 10 años de prisión y cadena perpetua.
El abogado Avilés Huerta sostuvo ante la SRE que la expulsión de los 92 detenidos constituyó una intervención estadounidense arbitraria e ilegal, al margen de los procedimientos legales contemplados en tratados internacionales y en la Convención Americana de Derechos Humanos. “Debe de existir la voluntad política para que el Gobierno mexicano haga algo para poder restituir en sus derechos a estas personas. ¿Y cómo? Pedir su repatriación”, planteó. El litigante argumentó que la comparación con el caso Rocha Moya —en el que sí se observó el debido proceso— evidencia un trato desigual contrario al principio constitucional de igualdad ante la ley.
La petición de asistencia consular no implica, argumentó Avilés Huerta, una postura contradictoria de la Cancillería frente a las expulsiones, pues la SRE no forma parte del Gabinete de Seguridad, responsable de ordenar los traslados. En caso de que la Cancillería no respondiera o lo hiciera de manera insatisfactoria, el abogado anticipó que promovería un amparo y, de ser necesario, escalaría el litigio ante la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.
La solicitud de repatriación llega en un momento en que la presión judicial estadounidense sobre México se intensifica. El DOJ ha advertido que la cooperación de líderes del narcotráfico trasladados desde México podría derivar en nuevas acusaciones contra políticos mexicanos. Todd Blanche, procurador general interino de EE.UU., declaró el 6 de mayo de 2026 que ese escenario “continuará”, en referencia a procesamientos como el de Rocha Moya. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respondido exigiendo pruebas previas a cualquier detención y sosteniendo que la cooperación bilateral se da únicamente bajo el principio de coordinación sin subordinación.