La pelea ya estaba arreglad, con los Estados Unidos se acuso de delincuencia organizada, en México se quejan de que se le aplico el código VIP para el hijo del campeón Chavez
El boxeador Julio César Chávez Jr., hijo del legendario ex púgil mexicano del mismo nombre que recien y junto con la Presidenta Sheinbaum encabezo una campaña contra las adicciones, abandonó ayer domingo una cárcel federal en Hermosillo, Sonora, a donde ingresó esta semana por el delito de delincuencia organizada, luego de ser deportado de Estados Unidos.
El proceso contra el púgil es parte de una investigación que inició en 2019 contra el Cártel de Sinaloa por delincuencia organizada, tráfico de personas, tráfico de armas y narcotráfico en el apartado de delincuencia organizada.
Uno de los abogados del boxeador, Rubén Benítez Álvarez, dijo el sábado que Chávez será procesado por el delito de “delincuencia organizada pero desestimó los señalamientos de la FGR contra su defendido y afirmó que la acusación está basada en “anécdotas de camaradería”.
Unos si y otros no
Aquí no se trata de un simple boxeador venido a menos con problemas de drogas y malas decisiones migratorias, sino de un caso paradigmático de cómo en México la justicia se aplica con código VIP para los apellidos “con ángel”.
1. La farsa judicial en clave de “delincuencia organizada”
El tipo de delito imputado a Julio César Chávez Jr. no es trivial:
Artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada define como integrante a cualquiera que participe de forma permanente o reiterada en actividades ilícitas junto a tres o más personas con fines delictivos.
El Artículo 19 constitucional, párrafo cuarto, es clarísimo: delitos como delincuencia organizada ameritan prisión preventiva oficiosa, no es optativa, no es negociable. Es un “candado” que la Constitución escribió con mayúsculas para que imputados permanecieran en prision en tanto se demuestre su culpabilidad o inocencia.
¿Entonces cómo diablos un juez decide que Chávez Jr. seguirá su proceso en libertad provisional, casi como si le hubieran agarrado borracho en el periférico?
2. La doctrina de “la anécdota de camaradería”
El abogado Rubén Benítez Álvarez se aventó la puntada de decir que los cargos de la FGR “se basan en anécdotas de camaradería”. ¡Carajo! Están reconvirtiendo la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en un álbum de chismes de gimnasio. Bajo ese estándar, hasta un WhatsApp de “vamos a la carne asada con los Guzmán” sería material probatorio inválido.
3. Jurisprudencia que contradice la soltura
La 1a./J. 24/2015 (10a.) de la Primera Sala de la SCJN marcó que los delitos catalogados con prisión preventiva oficiosa no pueden sustituirse por medidas cautelares distintas, salvo que una resolución de control de constitucionalidad lo declare inaplicable en un caso concreto por razones excepcionales. En ningún momento el juez argumentó en esos términos. Resultado: se brincaron tanto la Constitución como la jurisprudencia obligatoria.
4. El doble rasero frente al discurso oficial
Aquí viene lo jugoso: el mismo gobierno que levanta el dedo flamígero contra EE.UU. porque allá “liberaron” o “no endurecieron” lo suficiente contra tal o cual capo, es el que ahora libera por la puerta trasera al vástago de un ídolo nacional, con vínculos tangenciales documentados en un expediente abierto contra el mismísimo Cártel de Sinaloa.
En inglés le dicen selective outrage; en México lo conocemos como el “sí se puede” de la impunidad mediática.
5. El pedigree importa más que la norma
No es menor que Chávez Jr. sea hijo del gran Julio César Chávez, amigo declarado del presidente y símbolo cultural intocable. Aquí el apellido funciona como blindaje metálico contra el derecho penal. El mensaje subliminal no podría ser más corrosivo:
Si eres hijo de campesino que siembra mota para sobrevivir, te entierran en prisión preventiva.
Si eres hijo de Julio César Chávez y tienes cara de pugilista decadente, te decretan arresto simbólico y selfies con restricción de no salir del país.
Conclusión
En derecho, esto es un acto inconstitucional por omisión de la prisión preventiva oficiosa en delito grave; en política criminal, es una perversión; en narrativa mexicana, es simplemente la eterna tragicomedia: el Estado fingiendo que combate al narco, mientras acomoda las piezas como si se tratara de exhibición de sparring controlado.
México no está viendo a la justicia en el ring: está viendo una pelea arreglada, donde el referí (el juez) “finge” aplicar el reglamento, pero ya sabemos quiénes nunca van a caer a la lona.
El peleador de 39 años ahora enfrentará su proceso en libertad provisional, pero no podrá salir de México. El juez dio un plazo de tres meses para la investigación complementaria del caso.