Sicarios en motocicleta llegaron y ejecutaron a la madre con 2 de sus hijas una de ella menor de edad delante de todos
Hombres armados atacaron de manera directa a balazos a tres mujeres que estaban frente a una marisquería en la Plaza 12 de Octubre, en la localidad de Tetelcingo, Municipio de Cuautla, lo cual causó pánico entre los clientes del lugar.
Testigos señalaron que alrededor de las 16:23 horas las víctimas estaban frente al puesto “Mariscos El Popeye”, cuando fueron atacadas. De acuerdo con versiones no corroboradas por autoridades, se trata de una comerciante y sus dos hijas, una de las cuales era menor de edad.
Este ataque directo, perpetrado a plena luz del día frente a testigos y en un espacio público, no solo es un crimen brutal, sino también un mensaje de impunidad y control territorial por parte de grupos criminales que operan en la región.
La gravedad de este crimen exige una crítica severa y fundamentada a las autoridades locales y estatales, especialmente ante el discurso oficial que presume una disminución en los homicidios. Los hechos contradicen cualquier narrativa triunfalista: Cuautla y la zona oriente de Morelos siguen siendo territorios con altos índices de violencia y presencia de grupos delictivos, como lo han documentado medios y organismos civiles.
“Esta región fue donde, hace poco más de un mes, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a implementar acciones para mejorar la seguridad. La Fiscalía Regional Oriente ya investiga el caso”.
Las autoridades han fallado en su deber básico de garantizar el derecho a la vida y la seguridad, como lo establece el marco de derechos humanos. La proliferación de armas de fuego, la facilidad de acceso a ellas y la actuación policial inadecuada o insuficiente son factores que alimentan esta epidemia de violencia. La respuesta institucional —limitada a operativos reactivos y sin detenciones en la mayoría de los casos refuerza la percepción de impunidad.
¿Qué decirles a las autoridades que presumen la baja de homicidios?
Los números oficiales no pueden ocultar la realidad cotidiana de comunidades aterrorizadas, víctimas directas e indirectas y familias destruidas por la violencia.
Cada ataque como el de Tetelcingo es una prueba irrefutable de que las políticas actuales son insuficientes y, en muchos casos, fallidas.
La violencia armada no solo arrebata vidas, sino que deja secuelas profundas y duraderas en la salud mental y el tejido social de la comunidad.
La ausencia de resultados en la investigación y la falta de detenciones inmediatas demuestran la debilidad en la procuración de justicia y la protección ciudadana.
La crítica debe ser contundente:
No hay nada que celebrar mientras sigan ocurriendo masacres impunes y la población viva bajo el miedo.
Las autoridades deben dejar de maquillar cifras y enfrentar la crisis con estrategias integrales, transparencia y rendición de cuentas.
La impunidad y la falta de prevención alimentan la barbarie.
En suma, este crimen es un recordatorio brutal de la deuda del Estado con las víctimas y con la sociedad. Las declaraciones oficiales sobre supuestos avances en seguridad carecen de legitimidad mientras la realidad contradiga el discurso y la justicia siga siendo una promesa incumplida.