"Negocio que no acate, se cierra": Audios de la Familia Michoacana revelan las amenazas con las que imponían los precios de materiales de construcción
Con un discurso institucional, pero amenazante, integrantes de la Familia Michoacana dan instrucciones a vendedores del ramo de la construcción en el Estado de México sobre qué comerciar y de cuánto es la cuota que deben entregar como parte del “derecho de piso”.
Todo esto es posible gracias a un entramado logístico complejo. De acuerdo con una fuente consultada, los criminales que ocupan el lugar más bajo en la estructura del grupo llegan a los negocios y dejan a los propietarios una tarjeta con un número al que estos deben comunicarse para recibir instrucciones.
Una vez que se establece el contacto, se les explica a los dueños de los negocios que los materiales que comercien deberán ser comprados a distribuidores que son autorizados por la Familia Michoacana.
Difunden audios de las extorsiones
El discurso que manejan las personas encargadas de dar estas órdenes va entre el institucional y la amenaza, bajo el argumento de que es para proteger los intereses de los comerciantes, ya que les dejan un margen de ganancia por el producto que venden.
“Únicamente yo le cobro 650 pesos por la tonelada; entonces, ya si llega a vender 10 toneladas al mes; 15 toneladas al mes; dependiendo el día de sus ventas, serían las 15 toneladas por 650 y eso es lo que me estaría pagando a mí mensualmente.
“Yo hago los cortes cada 31-30 y yo les digo cuánto les corresponde pagar. Usted me tiene que reportar su nota (…) una fotito y yo con eso le hago su registro y así vamos haciendo su acumulado”, se escucha en uno de los audios de la llamada de extorsión.
La lista de materiales que deben comprar a los distribuidores autorizados, en poder de esta casa editorial, contempla cemento, mortero, varilla, alambren, malla, tubos, clavos, entre otros.
“No tengo detalle con que usted lo venda, porque al final de cuentas si se lo pide usted a alguno de los demás compañeros, se lo van a tener que vender al precio del público, entonces usted no le ganaría prácticamente nada.
“Nadie es indispensable”; todos están obligados a alinearse”, dice una de las personas que hace las llamadas para el grupo criminal.
La “administradora” refiere que dejó que los vendedores fijaran el precio para su comodidad, siempre y cuando entregaran su respectiva cuota; sin embargo, esto causó conflicto entre los mismos, por lo que los amenazó con fijar los montos finales.
Así son las amenazas de la Familia Michoacana:
“¿Quieren que imponga? Entonces voy a venir y voy a imponer lo que yo quiera que ustedes ganen. Yo les di la oportunidad de que ganara libremente lo que pudiesen a como lo vendiesen, pero ya que ese tipo de situaciones se están suscitando, realmente no tienen por qué, de verdad”.
Su dominio no termina ahí. Les recuerda que hay una lista de precios que deben seguir y que todos tienen que ajustarse a la misma, ya que el tabulador contempla lo que pueden ganar.
“En la lista de precios que les mandé se tiene un costo por todos los productos que yo tengo, tanto por tonelada, como por pieza o kilogramo, o lo que se maneje. En el cemento les manejo un margen de ganancia de 27 pesos por bulto, aproximadamente, pues creo que esto es lo que nos va a empezar a diferenciar de quienes están acatando reglas y quienes no, y me va a ser más fácil identificarlos”.
En caso de que alguno de los distribuidores se niegue a pagar el derecho de piso o a comprar a los distribuidores autorizados, la estructura criminal amenaza con el cierre del establecimiento, por lo que, después de lanzar esta advertencia, exhorta a los trabajadores a seguir los precios.
“No quiere seguir los lineamientos tal cual establecidos con los precios, y ustedes me dan señal de que esta casa no lo está haciendo, pues prácticamente yo la cierro porque para mí no es indispensable, tengo proveedor, tengo distribuidores y, aparte, los tengo a ustedes y pueden prácticamente surtir el mercado que estas personas surtía antes. Entonces, indispensables no somos”.
La Familia Michoacana no deja un cabo suelto: el cártel maneja una estructura financiera que le permite tener ganancias cuantiosas y dejar ganar un poco de dinero a los propios comerciantes; sin embargo, el consumidor final es el más afectado, ya que tiene que asumir el sobrecosto de los productos.
Este fenómeno en el que el crimen logró controlar el precio, la venta y distribución de los materiales de construcción en diversas zonas del Estado de México fue identificado por la autoridad y genera afectaciones locales, las cuales derivan en sobrecostos que van desde el cinco hasta el 140 por ciento, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Las autoridades informaron que encontraron precios inflados en productos como arena, grava, mortero, cemento, clavo, alambre, alambrón y varilla.
Reconocen que este fenómeno ocurre principalmente en los municipios del sur y el norte de la entidad, los cuales comparten diversas características: rezago en servicios, problemas de seguridad y la penetración del crimen organizado.
Al respecto, el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, explicó que con la Operación Liberación, el gobierno combate este fenómeno y debilita las estructuras financieras del cártel michoacano.
“Lo más importante de este operativo es que se está atendiendo el tema de extorsión en el sur del Estado de México, hay ocho detenidos por estos actos y de acá apareamiento de diferentes mercancías, fue un operativo inédito, pero no solamente la aseguramiento de 52 cateos, el día de hoy se continúa con las prácticas ministeriales para hacer un procedimiento innovador, que es la disposición anticipada de los bienes perecederos”.