El control del grupo delictivo “Los Zetas” en el norte de Coahuila abarcaba al menos siete municipios de la región y los días en que se perpetró la llamada “Masacre de Allende”, entre el 18 y 22 de marzo, la violencia indiscriminada también afectó al municipio de Piedras Negras, por lo que el número de víctimas puede alcanzar la cifra de 300 personas en marzo del 2011.
La operación criminal que se deriva de una venganza de los líderes del grupo delictivo Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40”, y su hermano Omar Treviño, “El Z-42”, por una presunta traición al interior del grupo, contó con la colaboración de autoridades e internos del penal estatal de Piedras Negras, provocando centenas de muertos y desaparecidos.
Esas son las principales conclusiones del estudio “El Yugo Zeta. El Norte de Coahuila 2010-2011” escrito por los investigadores Sergio Aguayo y Jacobo Dayán con apoyo del Seminario de Violencia y Paz del Colegio de México.
El número de víctimas que hubo en la región conformada por los municipios de Allende, Piedras Negras, Ciudad Acuña, Morelos, Nava, Zaragoza y Villa Unión todavía se desconoce, pero el reporte recupera las distintas cifras en el caso de Allende para demostrar la complejidad del caso. La cifra oficial en Allende es de 28 personas desaparecidas, pero trabajos periodísticos como el de Ginger Thompson han identificado al menos 60 víctimas.
Sin embargo, el estudio considera que al menos 300 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante esos días en toda la región.
“En todo caso, ahora pensamos que la ciudad más castigada fue Piedras Negras. Dos testigos en los juicios de Estados Unidos aseguraron que en el fin de semana más violento, en Piedras Negras pusieron a 40 gentes de rodillas y las mataron a balazos”, revela el estudio cofinanciado por el Colegio de México, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El grado de control de “Los Zetas” sobre el norte de Coahuila y en particular sobre el penal de Piedras Negras, permite a los investigadores proponer a la siguiente conclusión: “El centro de exterminio Zeta tiene similitudes y diferencias con lo sucedido en la Alemania Nazi y la Argentina bajo la dictadura militar”.
El penal zeta de Piedras Negras: la cárcel que gobernaba a una ciudad
El documento incluye las declaraciones ministeriales de 11 presuntos integrantes de “Los Zetas”, de 49 reos del penal de Piedras Negras, y de 39 empleados y custodios de ese mismo centro penitenciario, los cuales coinciden en que esa cárcel estuvo bajo control de esa organización delictiva entre 2011 y 2012, al grado de que fue utilizado como refugio por Omar Treviño Morales para no ser capturado por las fuerzas federales.
Es decir, cuando había operativos federales, Omar Treviño se refugiaba dentro de la cárcel para no ser capturado.
Además, hay testimonios de que el penal de Piedras Negras fue utilizado por “Los Zetas” para el secuestro y desaparición de personas, cuyos cuerpos eran incinerados dentro de la prisión. Los cuerpos eran cremados frente a una de las torres de vigilancia, por lo que la práctica criminal era de conocimiento de custodios y de los directores del penal.
La cárcel también funcionaba como almacén de drogas, taller para la modificación de vehículos con el fin de usarlos para el trasiego de droga a Estados Unidos, taller de costura de los “uniformes” falsificados de “Los Zetas” y como centro de extorsión contra los internos y sus familias.
El informe agrega que alrededor de 92 internos trabajaban directamente con el llamado “Jefe de Plaza” del penal, David Loreto Mejorado, el “Comandante Enano o Nano”, un ex policías municipal que tenía entre sus privilegios entrar y salir al penal para comer en restaurantes, organizar fiestar dentro del recinto carcelario y exigir relaciones sexuales con las esposas y familiares de otros reos.
Además, los 77 encargados de custodiar y vigilar la prisión estaban a su servicio por pagos de apenas mil pesos a la semana y actos de intimidación que incluían golpizas a los custodios dentro del penal y visitas de presuntos “zetas” a sus domicilios particulares.
A pesar de las evidencias sobre el control del grupo criminal, incluyendo los reportes anuales de seguridad penitenciaria que elabora anualmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los gobiernos de Coahuila bajo el mando de los hermanos Moreira y el gobierno federal de Felipe Calderón fueron omisos, jamás intentaron tomar el control del penal y siguieron financiando las cárceles de esa entidad, según el reporte.
“La cárcel era un cuartel que jugaba un papel clave en el esquema de negocios y terror Zeta. Aun cuando conocían lo que sucedía, el gobierno estatal y federal subsidiaban el centro penitenciario. En 2011 el presupuesto gubernamental dedicado a las cárceles de Coahuila fue de 135 millones de pesos”, señala el informe.
De acuerdo con la CNDH, el autogobierno en el Centro de Readaptación Social de Piedras Negras era de tal magnitud que en 2011 mereció un cero de calificación: sus visitadores ni siquiera pudieron entrar a la cárcel por la inseguridad que este tenía.
Incendios y llamadas de emergencia en Piedras Negras: una catástrofe ignorada
La delación de un integrante de “Los Zetas” y la huida de otros dos personajes claves en la estructura regional del grupo delictivo, provocó una orden de los mandos criminales para asesinar y desaparecer a sus familias y a todas las personas que compartieran algún tipo de vínculo con los involucrados, incluyendo mujeres, niños y ancianos.
Previamente, se creía que la denominada “Venganza Zeta” había abarcado sólo el municipio de Allende, pero existen nuevas evidencias de que el operativo criminal se extendió por todo el norte de Coahuila.
Un reporte oficial Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones, mejor conocido como C-4, del gobierno de Coahuila, revela que entre los días 18 y 22 de marzo del 2011, cuando tuvo lugar la “Vengaza Zeta” se recibieron en el teléfono de emergencias del estado mil 451 llamadas de auxilio.
La mayoría de las llamadas de emergencia se realizaron desde Piedras Negras y fueron del conocimiento de las autoridades estatales y federales en Saltillo, sin que ambos niveles de gobierno pusieran un freno los incendios, riñas, saqueos, secuestros y desaparición de personas que se reportaron desde Allende y Piedras Negras durante cuatro días consecutivos.
En una primera versión, el llamado C-4 bajo control del gobierno de Coahuila reportó una sola llamada desde Allende, información que resultó falsa, puesto que la investigación iniciada por la CNDH revela que en realidad el fatídico fin de semana de la “Venganza Zeta” se hicieron centenas de llamadas de emergencia.
“De Allende con 22 mil habitantes salieron 26 reportes; de Piedras Negras con 152 mil habitantes, mil 425 llamadas. Es una proporción de 55 a 1. Algo muy grave debió haber ocurrido en Piedras Negras”, señala el documento elaborado por Aguayo y Dayán.
De las peticiones de auxilio en Piedras Negras al menos 100 fueron para reportar 42 incendios distintos; mientras que en Allende se denunciaron al menos cuatro incendios y 32 viviendas allanadas.
“Demasiados incendios para tan pocos días. Sobre todo porque en algunos sitios se reporta más de un incendio el mismo día o en días consecutivos, incluso después de haberse extinguido el fuego… (), varios de ellos están en lugares que, según algunos testimonios, eran usados para asesinar y quemar personas. Por ejemplo, en Allende reportaron un incendio en la zona del Rancho de los Garza que en el expediente aparece como el lugar en que se incineraron a las víctimas”, concluye el informe.
Otras llamadas de emergencia que fueron atípicas para Piedras Negras en tan solo cuatro días: 208 riñas, 65 accidentes de tránsito, 36 atropellados, 95 personas enfermas o de gravedad, 49 personas golpeadas y 34 personas tiradas en vía pública.
Los reportes de violencia se dieron durante cuatro días consecutivos, pero nadie los atendió.
“Mientras los Zeta atacaban todo lo que oliera a Cuéllar ( el delator), la población sí reportó los incidentes observados. Esa es una de las razones por las cuales pensamos que el mayor número de víctimas se dio en Piedras Negras, seguido de Allende y otros municipios”.
“La investigación sobre la venganza no está concluida y es más correcto hablar de la “Tragedia del norte de Coahuila”. Existe la posibilidad de que el número de muertos y desaparecidos rebase los 100 y es hasta posible que se acerque a los 300”, concluye el reporte elaborado por Aguayo y Dayán.