No sirvió la blindada y ya son 43 que el Cártel de Sinaloa ametralló
El Comandante “Nitro”, identificado como Cristóbal David Barraza Sainz, quien era coordinador del Grupo Élite de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en Sinaloa,se convirtió ayer en el ejecutado #43 por parte del Cartel de Sinaloa,quien de paso sigue invicto antes las fuerzas del orden, pues ninguno de sus ejecutores ha sido detenido.
Con esta brutal ejecucion,el CDS acabó no solo con su vida,tambien con una trayectoria que abarcó más de una década, con experiencia en operativos de alto riesgo y tareas tácticas en zonas de alta presencia criminal.
En septiembre de 2023 fue designado líder del Grupo Élite y, en febrero de 2025, fue comisionado a Mazatlán, aunque recientemente había regresado a Culiacán para tramitar su baja voluntaria, proceso que aún no concluyó, de modo que seguía en servicio activo al momento de su muerte.
Detalles del Asesinato
El crimen ocurrió la tarde del martes 15 de julio de 2025, alrededor de las 13:00 horas, sobre el transitado bulevar Pedro Infante, en el poniente de Culiacán, cerca de una plaza comercial y las oficinas de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. Barraza Sainz viajaba en una camioneta Volkswagen Tiguan blindada acompañado de su esposa. Un comando armado los atacó de carro a carro, provocando la muerte inmediata del mando policial y dejando gravemente herida a su pareja, quien fue trasladada de emergencia a un hospital.
El nivel de audacia del ataque generó alarma social, pues se perpetró en horario de alto flujo y en una zona vigilada. Tras el ataque, se desplegó un operativo con participación del Ejército, la Guardia Nacional y policías estatales, pero con los mismos resultados de siempre,NADA.
Reacciones y Repercusiones
Hasta el cierre de la noche de ayer martes, las autoridades estatales no habían emitido una versión oficial sobre los motivos del crimen ni la identidad de los responsables, solo se limitaron a lamentarla especialidad de la casa.
El asesinato de “Nitro” se suma a una ola de violencia que ha cobrado la vida de al menos 31 policías solo en lo que va del 2025 y 43 desde septiembre de 2024,incluido un cercano colaborador de Omar García Harfuch.
Este patrón recurrente de matar policias y que no se capture a nadie, echa por tierra la sedicente estrategia que presume “inteligencia + coordinacion” y evidencia una escalada inédita de ataques contra mandos y efectivos policiales en la entidad.
Citadinos y colectivos han exigido mayor transparencia institucional y acciones contundentes para frenar la violencia y garantizar la integridad de los elementos de seguridad pública. El clima de impunidad y la capacidad operativa de grupos criminales han sido señalados como factores clave tras el atentado[3][6].
Perfil e Impacto
Barraza Sainz era considerado un mando táctico y respetado en la PEP, reconocido por su trabajo en operativos y su conocimiento de la delincuencia organizada. Su asesinato podría desencadenar reacciones más enérgicas de la autoridad y, al mismo tiempo, acentuar el riesgo para otros elementos policiales. La situación demanda, de acuerdo con analistas y voces civiles, un replanteamiento urgente de las estrategias de protección a los cuerpos de seguridad en Sinaloa.
Resumen de hechos destacados
Fecha y hora del ataque: 15 de julio de 2025, alrededor de las 13:00 horas.
Lugar: Bulevar Pedro Infante, Culiacán, Sinaloa.
Víctimas: Comandante Nitro (fallecido), esposa (herida grave).
Situación institucional: Ola de asesinatos contra policías estatales tras incremento de violencia criminal.
Reacciones: Demandas de mayor transparencia y fortalecimiento de la seguridad pública.
Reflexión Cruda: Impunidad Cuando Matan Policías
Cuando el crimen organizado ejecuta policías y ni un solo responsable es detenido, se instala una impunidad total que corroe la idea misma de Estado. En Sinaloa, la cifra es brutal: al menos 43 policías asesinados en 10 meses, 34 en solo nueve meses, sin un solo detenido. La impunidad es absoluta —ni flagrancia, ni órdenes de aprehensión ejecutadas— y ese dato evidencia una realidad devastadora: quienes matan policías están seguros de que no habrá castigo.
¿Qué ocurre con las instituciones?
Quebranto del Estado de Derecho: Si un gobierno permite que sus agentes sean cazados sin consecuencias, ¿qué garantías hay para el ciudadano común?
Desmoralización policial: Saber que sus colegas son asesinados y los crímenes quedan impunes debilita la moral, inhibe la acción y facilita la corrupción o el éxodo de elementos.
Mensaje para el crimen: La ausencia de detenidos es, en efecto, una invitación directa a seguir matando. Los grupos criminales perciben carta blanca para aniquilar a la autoridad con una peligrosidad inusitada, incluso a plena luz del día y en público.
Colapso de la confianza social: La sociedad observa con horror cómo la autoridad está a merced del crimen. Se anula la confianza en instituciones, se dispara el miedo y cualquier esperanza de justicia se ve extinguida.
Las consecuencias estructurales
Impunidad endémica: En México, solo el 5% de los asesinatos terminan con una sentencia; en el caso de policías es todavía peor: en Sinaloa, reciente y oficialmente, el índice de detención es de cero.
Victimización doble: Los policías no solo mueren en el cumplimiento del deber; también mueren dos veces en la narrativa social: pasan de ser guardianes a ser símbolos del fracaso institucional.
Fortalecimiento del crimen: Cada policía asesinado sin justicia es un logro para las organizaciones delictivas. Ganan territorio, amedrentan a la autoridad y cultivan el miedo colectivo.
¿Por qué ocurre esto?
Deficiencia en investigación: Fiscalías sobrecargadas, falta de recursos, exceso de miedo y/o complicidad.
Corrupción y colusión: Estructuras policiales y sistemas de justicia penetradas por el crimen.
Abandono político: Ausencia de respaldo real desde el gobierno. El silencio o tibieza oficial solo profundiza la percepción de vulnerabilidad institucional y ciudadana.
En suma: Cuando el crimen puede ejecutar policías sin enfrentar nunca la justicia, no solo hay colapso legal: hay un aviso de que la ley ha desertado y el crimen ha tomado el control. En ese vacío, la sociedad queda expuesta y la democracia enferma irremediablemente. Las cifras no dejan lugar a dudas: la impunidad se ha vuelto la regla, no la excepción.