Los Chapitos y El Cártel del Mar, dan "tercia de palos" a otros líderes del Narcotráfico
Juez federal de Sonora niega amparos a presuntos líderes del Cártel del Mar en contra del auto de vinculación a proceso que les mantiene presos. Los acusados por delincuencia organizada pretendían cambiar la prisión preventiva por otra medida cautelar. Desde la clandestinidad,el actual líder visible de la organización criminal, Marcos Alonso Pacheco Lares, solicita un amparo en Tijuana. Sunshine Rodríguez Peña, ex líder de pescadores, seguirá preso pese a que se dice inocente, los datos de prueba le hunden. “Los Chapitos” se apoderan de toda actividad ilícita en el Alto Golfo de California
Mientras que el presunto líder actual del llamado Cártel del Mar, Marcos Alonso Pacheco Lares, busca la protección de la justicia federal en contra de una orden de aprehensión, seis implicados más en la pesca y distribución de totoaba y otras actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas en el Alto Golfo de California, recibieron fallos en contrario de autoridades judiciales que los mantendrán presos durante más tiempo en el penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora.
Pacheco Lares presentó una demanda de amparo que se tramita en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparos y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en contra de una orden de aprehensión dictada por un Juez de Distrito por su probable responsabilidad en la pesca de la especie endémica totoaba macdonaldi, y su pertenencia y actual codirección en la organización criminal que se dedica a ello.
La solicitud de amparo señala como autoridades responsables a jueces de Distrito de Baja California y de Ciudad de México, a los titulares de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO, antes SEIDO); de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina Armada de México (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN, antes Policía Federal) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC, antes Comisión Nacional de Seguridad), entre otras.
La audiencia constitucional en la que podría resolverse el juicio de amparo se ha diferido hasta en cinco ocasiones, debido a la falta de informes justificados de infinidad de autoridades, entre las que se incluye a los titulares de los reclusorios preventivos varoniles Norte, Oriente y Sur de la Ciudad de México. La nueva fecha establecida está prevista para el próximo 30 de diciembre. En tanto, el quejoso cuenta con la suspensión provisional del acto reclamado a cambio de la exhibición de una garantía de 7 mil pesos, que probablemente no surta efecto por ser reclamado por delitos considerados como graves.
Prueba de lo anterior, es la situación que guardan en prisión preventiva otros de los señalados como integrantes del Cártel del Mar, quienes están privados de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 12, CPS Hermosillo en Sonora; y en el Centro de Reinserción Social (Cereso) El Hongo en Tecate, Baja California: Juan Luis García Ruiz “La Yegua”, Eduardo Gastón Parra Aispuro, Enrique García Sánchez “El Kike”, Álvaro Jesús Ramos Sillas “El Varito”, Segundo Valenzuela Gaeta, Antonio Sunshine Rodríguez Peña “El Güero” y Óscar Parra Aispuro “El Tekolín”.
Todos ellos, vinculados a proceso penal por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada en la modalidad de cometer delitos contra la salud y contra el ambiente, sólo que algunos de ellos, como “La Yegua” y “El Tekolín”, cuentan con las agravantes de tener un cargo de dirección o supervisión dentro del grupo delictivo; es decir, eran los líderes visibles del Cártel del Mar, posición que ahora se imputa al prófugo Marcos Alonso Pacheco Lares.
TERCIA DE “PALOS”
En tres resoluciones diferentes del Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, les fue negado el amparo y protección de la justicia a los miembros de la organización criminal que actualmente se encuentran presos. El primero de ellos, y del que muchas voces claman su inocencia, es Antonio Sunshine Rodríguez Parra “El Güero”, ex presidente de la Federación de Cooperativas Ribereñas de San Felipe, quien, a decir de sus familiares, se encuentra enfermo y llegó a bajar más de 30 kilos durante su encierro en el penal federal de Hermosillo.
En el juicio de garantías 947/2020, el juzgador resolvió que son infundados los conceptos de violación argumentados por la defensa de Rodríguez Parra y por ello resultó procedente negarle el amparo contra el auto de vinculación a proceso que le fue dictado el 17 de noviembre de 2020 por el delito de delincuencia organizada. Dicha resolución fue recurrida mediante el recurso de revisión 611/2021, pero el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito, determinó confirmar la negativa de protección.
Por su parte, Juan Luis García Ruiz, Eduardo Gastón Parra Aispuro, Enrique García Sánchez y Álvaro Jesús Ramos Sillas, tramitaron el juicio de amparo 956/2020 ante el mismo juez federal en contra del referido auto de vinculación por delincuencia organizada que les fue dictado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora el 11 de noviembre de 2020. El fallo fue el mismo: se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión.
El último de los amparos, 957/2020, en el mismo Juzgado, corrió a cargo de Segundo Valenzuela Gaeta, presunto operador del tráfico de totoaba en el Golfo de Santa Clara, pero tampoco fue beneficiado por la justicia federal y tendrá que permanecer en prisión hasta que se dicte la sentencia correspondiente y se determine si se prueba o no su responsabilidad penal en el delito imputado junto a sus coprocesados, con quienes fue detenido hacia finales del año próximo pasado en un operativo efectuado en San Felipe , en Mexicali.
José Luis García Ruiz “La Yegua”
De acuerdo con el Juez de Amparo, “los datos de prueba son suficientes para establecer, de acuerdo al estándar probatorio la existencia de una organización de hecho denominada ‘El Cártel del Mar’, al menos desde diciembre de 2017, en la que participaban distintas personas además de los imputados, los cuales ejecutan actos reiterados con la finalidad de capturar, almacenar, transportar y comercializar clandestinamente ‘Totoaba Mcdonaldi’, la cual constituye un ejemplar de fauna acuática, sujeta a protección especial, en veda y en peligro de extinción, con lo que vulneraron el bien jurídico tutelado por la ley, en el caso la seguridad de la sociedad”
“Los imputados son integrantes de una organización criminal compuesta por más de tres personas, quienes se organizan de hecho de forma reiterada y con la finalidad de realizar conductas contra el medio ambiente; Juan Luis García Ruiz, realizando conductas de dirección o supervisión en las personas que fungen como sus subalternos, en tanto que los restantes sin cargos de administración, dirección o supervisión, con la finalidad de llevar a cabo la pesca ilegal y comercialización clandestina de totoaba, que se encuentra en veda total por tiempo indefinido considerada endémica en peligro de extinción y regulada en un tratado internacional en el que México es parte”, destaca otra parte de la resolución del juez
LA INVESTIGACIÓN
La intervención de autoridades federales en las pesquisas en contra del Cártel del Mar inició después de la recepción de la denuncia anónima presentada por un pescador del puerto de San Felipe sobre actividades ilícitas en contra del medio ambiente en 2017. Luego se recibieron otras denuncias formuladas por miembros de colectivos ambientalistas en el mismo sentido. El Ministerio Público federal ordenó las investigaciones correspondientes a agentes de la Policía Federal Ministerial y recabó informes de las instituciones encargadas de información e inteligencia del propio sistema de seguridad pública y procuración de justicia.
Así se tomaron en consideración los datos de prueba aportados por el titular de la Dirección General de Prevención de Delitos Cibernéticos de la Policía Federal, quien en septiembre de 2018 aportó el organigrama e integración de la organización delictiva encabezada por Juan Luis García Ruiz “La Yegua” y Óscar Parra Aispuro “El Tekolín”, en la que figuraban hermanos y hermanas de ambos líderes, así como pescadores. Incluso, se dijo, funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y otras dependencias, que a la postre fueron exonerados.
Con base en lo anterior y en informes de investigación criminal, durante 2018 se solicitaron al Poder Judicial federal, órdenes de cateo y de intervención de comunicaciones privadas a los aparatos de telefonía de los señalados como miembros del grupo delictivo, tarea que estuvo a cargo de elementos de la recién constituida Guardia Nacional. Las líneas telefónicas fueron objeto de cruce de información entre los imputados y presuntamente se convirtieron en datos de prueba de su pertenencia y participación en la misma.
Fueron espiadas por las autoridades federales, las sociedades de pescadores rivereños y empresas denominadas Punta Estrella, Promosur Estrella y Promotora Estrella de San Felipe, mismas que fueron revisadas en su constitución y sociedad ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Baja California. Las inspecciones y cateos se efectuaron en pescaderías y bodegas de Avenida Laureles en la colonia Arcos de San Felipe; Avenida Mar Caribe, en San Felipe; y en Avenida Mar de Cortés Sur en la colonia Segunda, también de San Felipe.
En los cateos realizados a tres inmuebles presunta propiedad de Óscar Parra Aispuro (dos de estos) y de un ex funcionario de Profesa y su esposa (exonerados), elementos policiales localizaron diversas cantidades de metanfetamina, así como libretas con anotaciones sobre los clientes de totoaba. En un primer local había 457.2 gramos de la sustancia; en el segundo, 210 bolsas de plástico con la misma droga, sin que se conociera su peso; y en el último comercio cateado, había 336 bolsas del mismo material sintético granulado con peso de 912.6 gramos. Salvo “El Tekolín”, nadie es acusado por la droga asegurad
Oscar Parra Aispuro, “El Tekolin”, “El Parra”
La intervención de comunicaciones privadas autorizada por un juez federal especializado hasta por sesenta días, se llevó a cabo del 4 de septiembre al 2 de noviembre de 2019. En ella se incluyeron datos obtenidos en dos libretas halladas en uno de los negocios de “El Tekolín”, que establecían “diversas entregas y controles de entrega de buches de totoaba, con una división de anotaciones de buches como hembras y machos”. También se agregaron las investigaciones de la GN con fuentes abiertas y hemerográficas sobre la caza furtiva o la pesca ilegal de totoaba que se desarrolla en el Alto Golfo de California.
A las pesquisas se agregaron diversos videos que circulaban en redes sociales en los que se observó a pobladores de San Felipe que atacaban a las fuerzas de seguridad pública a fin de recuperar las pangas con buches de totoaba y lanzaban diversas amenazas públicas en fuentes abiertas, situación que implicó a Antonio Sunshine Rodríguez. Por ello, este año le fue negado el amparo, ya que, a criterio del juzgador, existen varios señalamientos de la FGR, en el sentido que el líder de pescadores instaba a sus agremiados a tomar represalias en contra de las organizaciones ambientalistas dedicadas a la preservación de la vaquita marina y las autoridades.
Una de las grabaciones en poder de la FGR, de fecha 10 de diciembre de 2019 -se asegura en el expediente-, refiere que Sunshine se autoproclama como líder de los pescadores; de otra escucha del 24 de septiembre de ese año, “se obtiene que dicho imputado agarró un socio chino a quien le iba vender una parte del pescado”. En otro audio intervenido del 10 de octubre, “se advierte que se dedica a la venta de buches”. En escucha de 16 de octubre se refiere a un “posible contubernio con autoridades para que lo dejen hacer sus actividades ilícitas, al referirle a una persona con la que habla que para que no tenga problema con la autoridad que le deje dos kilos de camarón, al cabo que el encargado ya sabe”. Y una llamada grabada el 19 de diciembre de ese año, detalla que “tiene relación con la venta de totoaba, sin que tenga funciones de dirección o de supervisión en la organización”.
LA DISPUTA
Tras la caída de los principales líderes del Cártel del Mar en noviembre de 2020, la organización criminal no consiguió reagruparse e iniciaría una serie de disputas entre los posibles sucesores del control del tráfico de buches de totoaba, que dicho sea de paso, se cotizan entre 4 mil y 8 mil dólares la pieza.
Los principales personajes a suceder a “El Tekolín” y “La Yegua” son Marcos Alfonso Pacheco Lares, que recientemente recurrió al juicio de amparo, y Rolando Reyna Lizárraga, baleado en mayo en San Felipe.
En su oportunidad, Investigaciones ZETA informó sobre el ataque armado que se registró la tarde del domingo 30 de mayo en el puerto, cuando un grupo de sicarios dispararon en contra de dos vehículos de pescadores, con saldo de dos personas muertas y tres lesionadas, entre ellas Rolando Reyna, el presunto “totoabero”. Allí perdieron la vida Brandon Nathanael Zazueta Lozano, de 25 años, y Jorge Luis Armenta Hernández, de 27. Los otros heridos fueron los sinaloenses Alfonso Guadalupe Rivera Castro, de 22, y Miguel Ángel Álvarez Niebla, de 25.
De acuerdo con las investigaciones del caso, la organización criminal de “Los Chapitos”, encabezada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, del Cártel de Sinaloa, llegaron a la región para apoderarse del control del Alto Golfo de California, no sólo del trasiego y ruta de drogas; también de todo negocio ilícito colateral que produzca importantes ganancias, aprovechando la necesidad que tienen de trabajo miles de familias que habitan en esa región afectada por una fuerte crisis económica y que por ello se han dedicado a la pesca de fauna acuática endémica como la totoaba.