El secuestro de “El Mayo” Zambada ha dejado más de 3,000 muertos
Dos años de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos, Sinaloa continúa inmerso en una crisis de violencia provocada por la confrontación entre las principales facciones del Cártel de Sinaloa, un conflicto que ha dejado alrededor de 3,000 homicidios, más de 4,000 personas desaparecidas y una profunda afectación a la vida económica y social del estado.
De acuerdo con el semanario Proceso, la disputa entre grupos criminales, detonada tras la captura del histórico líder del cártel y el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, ha derivado en uno de los episodios más violentos registrados en la entidad.
El saldo incluye miles de asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados y una economía severamente afectada por el cierre de negocios, la disminución de actividades comerciales y el temor constante entre la población.
Municipios como Culiacán han enfrentado bloqueos, enfrentamientos armados y una persistente presencia de fuerzas federales, sin que la violencia haya disminuido de forma significativa.
El medio citado también señala que la crisis política se ha profundizado con la situación del gobernador Rubén Rocha Moya, quien permanece alejado de la vida pública mientras continúan los cuestionamientos sobre su administración y la capacidad del gobierno estatal para contener la violencia.
Especialistas consultados por el semanario advierten que la fragmentación del Cártel de Sinaloa modificó el equilibrio criminal en la entidad y dio paso a una confrontación prolongada entre las facciones conocidas como “Los Chapitos” y “Los Mayos”, escenario que ha incrementado los niveles de violencia sin que las estrategias de seguridad logren revertir la tendencia.
A dos años del inicio de esta nueva etapa del conflicto, Sinaloa enfrenta una combinación de violencia criminal, crisis institucional y miles de víctimas, mientras persiste la incertidumbre sobre el rumbo que tomará la entidad y la efectividad de las acciones gubernamentales para recuperar la seguridad.