El Cártel de Sinaloa es descubierto utilizando a adolescentes como Sicarios para asesinar a rival en California
El 12 de febrero de 2026, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California informó que un gran jurado federal acusó a Poly Antunez, Antonio Quinones y Jovanny Enriquez, presuntos asociados del Cártel de Sinaloa, por dirigir un complot para matar a un objetivo de esa organización en Chula Vista, California, en marzo de 2024, utilizando a dos adolescentes de 15 años como sicarios. La acusación forma parte de una investigación que derivó en dos ataques armados fallidos, ocurridos con pocas horas de diferencia, contra la misma víctima en la región fronteriza de California.
Según la acusación, los tres adultos enfrentan cargos por conspiración para cometer asesinato en ayuda de una empresa de delincuencia organizada, intento de asesinato en ayuda de una empresa de delincuencia organizada, agresión con arma peligrosa en ayuda de una empresa de delincuencia organizada, conspiración para cometer asesinato por encargo y uso de medios de comunicación interestatales para cometer asesinato por encargo. Poly Antunez ya se encontraba bajo custodia por otro caso federal en San Diego, mientras que Antonio Quinones y Jovanny Enriquez fueron detenidos por agentes de la Oficina Federal de Investigación y se presentaron ante una corte federal en San Diego el 12 de febrero de 2026.
La Fiscalía expuso en un memorándum de detención que los tres adultos participaron en la planeación y ejecución del esquema para asesinar al objetivo, y que dirigieron las acciones de los adolescentes Andrew Nunez y Johncarlo Quintero, integrantes de la pandilla sureña Westside Wilmas, vinculada a la Mafia Mexicana. De acuerdo con ese documento, los adultos coordinaron hospedaje para los jóvenes en una vivienda tipo Airbnb en La Mesa, realizaron tareas de vigilancia junto con ellos al objetivo y su familia en San Ysidro y Chula Vista, fungieron como enlace entre los sicarios, el Cártel de Sinaloa y la Mafia Mexicana, y mantuvieron comunicación con los adolescentes durante los dos intentos de homicidio registrados el 26 y 27 de marzo de 2024.
La violencia se enmarcó en una disputa entre organizaciones criminales en Tijuana, Baja California. En noviembre de 2023 se reportó el robo de un cargamento de metanfetamina, cocaína y fentanilo del Cártel de Sinaloa por parte del Cártel Arellano Félix en Tijuana, lo que generó homicidios de represalia contra integrantes de este último grupo y elementos de la policía local. Como parte de esa confrontación, el Cártel de Sinaloa habría colocado un objetivo sobre varias personas señaladas como responsables del robo, entre ellas la víctima de los hechos investigados en California, a quien primero intentó matar en su domicilio en Tijuana, antes de que esta cruzara hacia Estados Unidos.
Según la acusación, Jovanny Enriquez, quien acababa de cumplir 18 años al momento de los hechos, dirigía a los miembros juveniles de Westside Wilmas y coordinó con Ricardo Sanchez, identificado como integrante de la Mafia Mexicana y de la misma pandilla, la contratación de Andrew Nunez y Johncarlo Quintero como sicarios. Mensajes incorporados al expediente muestran que Enriquez esperaba recibir parte del dinero que se pagaría a los adolescentes y que confió en que ello mejoraría su posición dentro del grupo. En esos intercambios también se establece que una de las razones para elegir a Nunez y Quintero fue que, al tener 15 años, no podían ser procesados como adultos en la justicia estatal de California, aunque sí podían enfrentar cargos como adultos en el ámbito federal.
La Fiscalía indicó que Nunez y Quintero, miembros de Westside Wilmas en el área de Los Ángeles, fueron acusados en la jurisdicción federal como adultos y se declararon culpables de cargos de asesinato y tentativa de asesinato, tras admitir que actuaron como sicarios contratados por el Cártel de Sinaloa. En su declaración, reconocieron que realizaron dos intentos de homicidio en un lapso de cinco horas para matar al mismo objetivo. La autoridad federal señaló que existe un comunicado previo en el que se detallan los cargos y las circunstancias del caso contra ambos adolescentes.
El primer intento de asesinato se registró el 26 de marzo de 2024 en el estacionamiento de un restaurante Chili’s en Chula Vista, donde la víctima cenaba con su familia. Nunez y Quintero llegaron en un vehículo, y Quintero descendió para disparar una vez contra el objetivo, hiriéndolo en las piernas; el arma se trabó después de ese único disparo, lo que impidió continuar con el ataque. Posteriormente, Nunez intentó matar a la víctima utilizando el vehículo, pero no logró alcanzarla y ambos jóvenes huyeron del lugar.
En las primeras horas del 27 de marzo de 2024, presuntamente guiados por los tres adultos acusados, Nunez y Quintero acudieron al domicilio de la víctima con la intención de completar el encargo, ahora acompañados por Ricardo Sanchez, de 28 años. Según la acusación, cada uno de los tres esperaba recibir aproximadamente 50 mil dólares por el homicidio. Al acercarse al domicilio, los tres portaban armas de fuego, pero la víctima se encontraba en un hospital recibiendo atención médica, mientras que en la vivienda permanecían su familia, incluida una niña, y un amigo.
De acuerdo con el relato oficial, Ricardo Sanchez golpeó la puerta principal y, cuando el amigo de la víctima respondió, Nunez y Quintero abrieron fuego contra él y dispararon de manera indiscriminada hacia el interior de la casa. El amigo recibió impactos de bala en la mano, el brazo y el rostro, pero sobrevivió al ataque. En respuesta, el mismo amigo disparó hacia Nunez, Quintero y Sanchez para protegerse y proteger a las personas dentro de la vivienda, y en ese intercambio mató a Sanchez, hecho que la Fiscalía clasificó como un homicidio por acto provocador y que quedó incorporado en los cargos a los que los adolescentes se declararon culpables. Tras el incidente, los dos sicarios adolescentes huyeron del lugar.
En los mensajes de un chat grupal entre Enriquez, Nunez, Quintero y otros integrantes de Westside Wilmas, incorporados al memorándum de detención, algunos miembros advirtieron a los jóvenes respecto a las acciones que estaban por realizar. Uno de ellos escribió que estaban a punto de hacer “algo estúpido” y un integrante les pidió que tuvieran cuidado y señaló que no quería perder a sus amigos, mientras otro preguntó si ya eran sicarios, a lo que Quintero respondió que “básicamente” lo eran. Enriquez contestó que todos obtendrían nuevos automóviles, joyas y otros bienes, en referencia al dinero que esperaban recibir por el encargo.
El proceso penal quedó registrado bajo el número 26cr0402-TWR en una corte federal de San Diego. Los delitos de conspiración para cometer asesinato en ayuda de una empresa de delincuencia organizada y de intento de asesinato en ayuda de una empresa de delincuencia organizada contemplan penas máximas de hasta diez años de prisión cada uno, mientras que la agresión con arma peligrosa en ayuda de una empresa de delincuencia organizada, la conspiración para cometer asesinato por encargo y el uso de medios de comunicación interestatales para cometer asesinato por encargo prevén penas máximas de hasta veinte años de prisión por cada cargo. La Fiscalía reiteró que las acusaciones son señalamientos formales y que las personas imputadas se consideran inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una corte federal.
La investigación está a cargo de la Oficina Federal de Investigación, el Departamento de Policía de Chula Vista, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, la Patrulla de Caminos de California y otras corporaciones. El caso es procesado por las fiscales adjuntas Ashley Goff, Joshua Mellor y Peter Horn, integrantes de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California. El expediente forma parte de la iniciativa Homeland Security Task Force, creada mediante la Orden Ejecutiva 14159 denominada Protecting the American People Against Invasion, que articula la cooperación de diversas agencias de seguridad de Estados Unidos para investigar, desarticular y procesar a cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones delictivas transnacionales y redes de trata y tráfico de personas, con énfasis en delitos que involucran a menores de edad.