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LAS “NARCOMANTAS" las PUSO el GOBIERNO , CAMARAS VIERON cuando FUNCIONARIO y AYUDANTES en VEHICULOS OFICIALES COLOCARON las NARCO AMENAZAS

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LAS “NARCOMANTAS" las PUSO el GOBIERNO , CAMARAS VIERON cuando FUNCIONARIO y AYUDANTES en VEHICULOS OFICIALES COLOCARON las NARCO AMENAZAS

El recién ratificado Procurador General de Justicia en el Estado de Baja California Norte, Antonio López Rodríguez, expuso que el responsable de colgar los últimos narcomensajes fue identificado gracias a cámaras de vigilancia. Se trata de Raúl N., director de Recursos Materiales de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y lo hizo a bordo de unidades oficiales.

Resumen estructurado sobre el caso de narcomantas donde el gobierno es acusado y señalado en su colocación

Contexto y hechos clave

Funcionarios públicos y vehículos oficiales: La investigación oficial encabezada por el Procurador General de Justicia del Estado, Antonio López Rodríguez, identificó a Raúl N., director de Recursos Materiales de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, como responsable de colocar narcomantas en La Paz usando vehículos oficiales del gobierno, específicamente de esa dependencia. Las cámaras de vigilancia captaron a Raúl N. y otras personas utilizando al menos tres vehículos estatales en varios episodios, con llaves y control exclusivo de esas unidades por el funcionario señalado.

Narcomantas y acusaciones: Las narcomantas aparecieron el 9 y 16 de julio en puntos estratégicos (puente al Aeropuerto Internacional y malecón) durante la madrugada. En sus mensajes, además de amenazas contra fuerzas de seguridad, se acusó directamente al gobernador Víctor Manuel Castro Cosío de recibir sobornos semanales de hasta 700,000 dólares por parte de la delincuencia organizada.

Profundización y repercusiones

Colusión e infiltración institucional: El caso evidencia infiltración del crimen organizado en dependencias estatales, pues los vehículos usados son tanto de particulares como del gobierno. A raíz del escándalo, se buscan filtros y controles más estrictos sobre el uso de los recursos públicos para evitar su aprovechamiento por delincuentes.

Reacciones y denuncia ciudadana: Activistas y ciudadanos también han denunciado presuntos vínculos y colusión de servidores públicos con el narco. Ejemplo: la activista Gemima Hernández recurrió a instancias federales tras amenazas del Cártel de Sinaloa, mientras líderes sociales señalan la infiltración de todos los niveles policiales y de procuración de justicia en Baja California Sur.

Detalles adicionales

Manipulación y mensaje de advertencia: El propio Procurador General reconoció que los autos oficiales han sido utilizados para generar miedo y que, al indagar sobre los vehículos, se detectaron maniobras para borrar evidencias, como el número económico de una unidad, y que los responsables dejaron de presentarse a laborar tras el escándalo.

Disputa criminal: Se destaca la presencia de dos facciones del Cártel de Sinaloa (Los Mayitos y Los Chapitos) disputando el control territorial e institucional en la región, lo que ha sido acompañado por una ola de mensajes y violencia.

Apología del delito en política: Una regidora de La Paz fue fotografiada portando playera con la leyenda “Super Chapo Bros”, lo que generó polémica y señalamientos de apología del delito por parte de la sociedad civil, aunque funcionarios minimizaron el hecho.

 

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