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Ovidio Guzman habría revelado lavado de dinero de Vector Casa de Bolsa

- 21:58:00

Ovidio Guzman habría revelado lavado de dinero de Vector Casa de Bolsa

Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, firmó un acuerdo de culpabilidad en una corte federal de Chicago, en el que renuncia a su derecho a juicio y acepta los cargos en su contra por narcotráfico. La audiencia para oficializar su declaración de culpabilidad está programada para julio ante la jueza Sharon Johnson Coleman, y podría abrirle la puerta al programa de testigos protegidos del gobierno de Estados Unidos.

Este movimiento judicial ocurre apenas días después de que el Departamento del Tesoro estadounidense, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), acusara a Vector Casa de Bolsa, una de las principales firmas financieras de México, de facilitar operaciones de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. Según el reporte, entre 2013 y 2023, la firma habría procesado millones de dólares en transferencias entre empresas mexicanas y chinas vinculadas con la producción de fentanilo.

De acuerdo con el periodista y especialista en seguridad José Luis Montenegro, ambos eventos no serían coincidencia. En entrevista con Azucena Uresti, Montenegro sostuvo que la información que Ovidio Guzmán habría proporcionado sobre las operaciones financieras del cártel, particularmente las relacionadas con Vector, podría ser clave en su estrategia legal.

“Casa Vector es muy probablemente el caso con el que habría cooperado también Ovidio Guzmán para abrir esa puerta al programa de testigos protegidos o criterio de oportunidad”, afirmó Montenegro.

El caso contra Vector

Según documentos de FinCEN, Vector fue utilizada por una “mula” del Cártel de Sinaloa para transferir más de dos millones de dólares entre Estados Unidos y México, y posteriormente canalizar más de un millón hacia empresas chinas suministradoras de precursores químicos. El informe también señala a otras instituciones mexicanas —CIBanco e Intercam— como parte de la red financiera del crimen organizado, específicamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y los Beltrán Leyva.

En el caso de Intercam, FinCEN documentó reuniones entre ejecutivos del banco y miembros del CJNG, así como transferencias por más de 1.5 millones de dólares hacia entidades chinas relacionadas con el tráfico de fentanilo. CIBanco, por su parte, habría facilitado pagos por más de 2.1 millones de dólares a empresas chinas que operaban con distintos grupos criminales mexicanos.

Ante los señalamientos, el gobierno mexicano anunció la intervención temporal de las tres instituciones con el objetivo de proteger los intereses de ahorradores y acreedores. No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó públicamente la validez de las acusaciones de Estados Unidos.

“Son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero. Si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad. Pero si no hay pruebas, no se puede actuar, como en cualquier delito”, declaró la mandataria en su conferencia matutina.

El acuerdo de Ovidio

Montenegro considera que la cooperación de Ovidio Guzmán forma parte de una estrategia legal más amplia, en la que otros miembros del Cártel de Sinaloa podrían seguir el mismo camino. Se espera que su hermano Joaquín Guzmán López comparezca y que el juicio de Ismael “El Mayo” Zambada avance en agosto.

Como parte del presunto acuerdo con la fiscalía, al menos 17 familiares de Ovidio ingresaron a Estados Unidos en mayo pasado bajo protección federal, entre ellos su madre Griselda López Pérez, su esposa Adriana Meza Torres y sus hijas.

De confirmarse su inclusión en el programa de testigos protegidos, “El Ratón” podría recibir una nueva identidad, residencia vigilada y una reducción de condena que lo pondría en libertad en un plazo estimado de entre 2 y 3 años.

El caso de Ovidio seguiría la ruta legal de otros antiguos aliados del cártel, como Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”, Dámaso López Serrano, alias “El Mini Lic”, y Lucero Guadalupe Sánchez, alias “La Chapodiputada”, quienes también accedieron a beneficios judiciales en Estados Unidos a cambio de su colaboración con la fiscalía.

 

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