Los Chapitos, los Salazar y el Cartel de Caborca
La región del desierto de Sonora, que abarca desde Hermosillo hasta la frontera con Estados Unidos y Baja California, vive desde hace cinco años una guerra silenciosa y brutal por el control económico y territorial.
Esta disputa involucra a facciones desprendidas del Cártel de Sinaloa, principalmente Los Chapitos, Los Salazar y el Cártel de Caborca, quienes buscan dominar rutas estratégicas para el tráfico de fentanilo, la minería ilegal y la cacería, actividades todas vinculadas a flujos de capital estadounidense.
Transformación criminal y colapso productivo
La violencia en la zona ha escalado de manera dramática: los antiguos bandidos locales han sido reemplazados por convoyes de sicarios armados con equipo táctico, armas largas y vehículos blindados de fabricación artesanal conocidos como “narcotanques”.
Estos grupos han impuesto un régimen de terror sobre los rancheros, despojándolos de tierras, ganado y vehículos, y obligándolos a abandonar sus actividades tradicionales o incluso a desplazarse para salvar la vida.
El impacto ha sido devastador para la economía regional. La agricultura, la ganadería y, sobre todo, la cacería —una actividad que depende en gran medida de clientes estadounidenses y que representa una derrama económica significativa— han sufrido una caída drástica durante la temporada 2024-2025. Los criminales no solo controlan rutas y predios, sino que además extorsionan, roban ganado, explotan minas de manera irregular y han diversificado su portafolio delictivo para incluir el tráfico de personas.
Dinámica criminal y control territorial
La presencia de estos grupos se ha expandido en el desierto sonorense porque buscan nuevas fuentes de ingresos ante la presión y fragmentación de los grandes cárteles. La región, por su ubicación geográfica, es la principal ruta global para el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, lo que la convierte en un enclave estratégico para el crimen organizado. Además, la minería y la cacería son actividades altamente rentables, pues la mayoría de los ranchos cinegéticos y mineros están orientados a la exportación y dependen de la demanda estadounidense.
La situación ha llegado a tal punto que, según Víctor Hugo Enríquez García, exsecretario de Seguridad Pública de Sonora, el desierto está al borde de un “colapso económico” comparable al que vivió Colombia cuando el crimen organizado tomó control de los procesos económicos en varias regiones del país. La pérdida paulatina de los ciclos productivos implica la desaparición de empleos y la migración forzada de familias enteras.
Reacción estatal y contexto nacional
El Estado mexicano ha intentado responder con operativos conjuntos, como el reciente cateo en Caborca donde se aseguraron drogas, armas y equipos relacionados con el crimen organizado, pero la capacidad de las autoridades para retomar el control es limitada frente al poder de fuego y la movilidad de los grupos criminales.
Este fenómeno se inscribe en una tendencia nacional donde la fragmentación de los grandes cárteles ha dado lugar a guerras locales por el control de plazas, rutas y economías regionales. La globalización del narcotráfico, la cercanía con el mercado estadounidense y la debilidad institucional han profundizado la crisis en zonas rurales y de frontera.
Conclusión
El desierto de Sonora se ha convertido en un laboratorio del colapso económico y social que puede provocar el dominio territorial del crimen organizado. La violencia, el despojo y la caída de actividades lícitas han dejado a la región en un estado de emergencia, donde la única economía que florece es la del narco.