El "Tráiler de la Muerte" en Jalisco tenía 605 cuerpos, la muerte andaba deambulando debido a los malos olores que la caja emitía
Guadalajara, Jalisco, El 16 de septiembre de 2018, se dio a conocer la aparición de una caja refrigeradora de tráiler que contenía, como cifra de aquel entonces, 157 cuerpos, ante la falta de infraestructura para el resguardo de cuerpos no identificados. La unidad fue reubicada en diferentes zonas de la Zona Metropolitana de Guadalajara en más de una ocasión, pues no contaba con un sitio para su resguardo. Luego se detectó un segundo camión, por lo que la cifra aumentó a 444 cuerpos, pero hoy se sabe que en realidad eran 605 cadáveres.
La crisis forense evidenciada en Jalisco tras revelarse el resguardo inadecuado de cuerpos en cajas refrigerantes de tráiler fue mayor de lo que reconocieron las autoridades estatales y fomentó la impunidad, pues no hay avances en ninguna de las carpetas de investigación abiertas en los casos de personas fallecidas sin identificar, cuya muerte se derivó de un delito.
Lo anterior se desprende de una investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ). La defensoría documentó que a pesar de que tanto la Fiscalía del estado como el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) señalaron que fueron 444 personas fallecidas no identificadas y no reclamadas las que se acumularon y resguardaron inadecuadamente, en realidad se trató de 605 cadáveres.
Según la investigación de la CEDHJ, en 262 casos las causas de muerte fueron hechos violentos que pueden estar vinculados a la comisión de un delito; no obstante, en ninguna de las indagatorias se ha logrado el acceso a la justicia y la reparación del daño.
La Comisión afirma que los agentes ministeriales sólo iniciaron las investigaciones de lo ocurrido con las personas cuyos cuerpos resguardaba el IJCF. Además, advierte que sólo intervinieron para desahogar las diligencias de reconocimiento de las personas fallecidas y la entrega a sus familiares, pero no para investigar lo que ocurrió.
Además, se advirtió que en al menos 116 casos se contaba con elementos de identidad, sin embargo, las autoridades no realizaron diligencias para la plena identificación, ni a la búsqueda de sus familiares, provocando que los cuerpos permanecieran en la morgue hasta 34 meses.
La defensoría emitió recomendaciones a distintas autoridades estatales para que se identifique a las personas que fueron inhumadas y aún están a resguardo de la Fiscalía, se repare el daño a las víctimas y se evite una situación similar.
La muerte deambulando
Debido a los malos olores que la caja emitía el primer camión detectado, la entonces presidenta municipal de Tlaquepaque, María Elena Limón, exigió al gobierno retirar el vehículo de la colonia La Duraznera.
Movieron la instalación a un predio a cielo abierto detrás del fraccionamiento Paseos del Valle.
Finalmente, el tráiler con los cuerpos fue resguardado en una bodega de la Fiscalía de Jalisco en la Zona Industrial de Guadalajara.
¿Desde cuándo rodaba el camión de la muerte?
En 2016, la Fiscalía de Jalisco rentó la caja de un tráiler con refrigeración para almacenar cadáveres, ante la falta de infraestructura en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para guardar restos de personas no identificadas.
Desde años atrás el espacio era insuficiente, sólo entre 1997 y junio de 2015, el IJCF incineró 2 mil 754 cuerpos.
La Ley General de Víctimas prohibió esta práctica en 2013, pero aquí se siguió realizando dos años más.
Ante la crisis, respuesta gubernamental
El 20 de septiembre de 2018, el gobierno de Jalisco anunció el despido del fiscal local debido al recorrido de un camión refrigerador oficial, cargado con cadáveres sin identificar, que desató indignación en la toda República Mexicana.
"No estoy dispuesto a tolerar este tipo de errores que sacuden, que horrorizan a la opinión pública", dijo en conferencia de prensa Aristóteles Sandoval, entonces gobernador de la entidad, al anunciar el despido de su fiscal Raúl Sánchez para seguir con las indagatorias correspondientes. Además, fue despedido el jefe forense.
Esa misma semana las autoridades reubicaron el tráiler que estuvo deambulando por varios puntos de Guadalajara, la capital de Jalisco, en busca de un estacionamiento y provocando alarma y quejas entre lugareños por el fuerte olor fétido que despedía.
Aristóteles Sandoval, la crisis que le estalló.
Inicialmente las autoridades habían dicho que el camión estaba cargado con 157 cadáveres que no cupieron en las saturadas morgues, pero luego la cifra aumentó a 273.
Algunos medios mostraron imágenes de la caja del tráiler abierta en la que se veían montones de bolsas negras y un hombre con botas blancas caminando sobre esos bultos.
Por el mismo caso fue despedido director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Luis Octavio Cotero.
Aunque las autoridades no revelaron detalles sobre los cadáveres, Cotero dijo que estaban relacionados "con hechos violentos", por lo que no podían ser inhumados. También hizo señalamientos directos contra la fiscalía.
Esa institución, acusó, "dispone de los cuerpos (...) cuando se entregan, a dónde, para qué, y cómo se llevan".
El ahora exdirector forense acusó a la fiscalía de simular investigaciones de personas desaparecidas, como en el caso de su hija Indira Cotero, de 38 años, que está desparecida desde julio de 2018.
"Dicen que hacen, pero no hace nada. Estoy (...) convencido de que la Fiscalía nomas dice que hace, el gobernador también", sentenció.
Sólo en 2018 se registraron más mil 600 homicidios en Jalisco, de acuerdo con datos del IJCF.
Los servicios forenses de otras regiones de México también han sufrido un sobrecupo de cadáveres, como en Guerrero, donde los trabajadores realizaron una huelga por los fétidos olores que emanaban de la morgue.
En los últimos meses se han multiplicado los hallazgos de cuerpos en fosas clandestinas, una práctica común de narcotraficantes para deshacerse de sus víctimas, en algunos casos en complicidad con fuerzas de seguridad.
Imposibilidad para identificar 85 cuerpos
Como ya se mencionó, en septiembre de 2018 la caja de un tráiler apareció, de la noche a la mañana, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco. Los pobladores habían reportado que ésta expedía un olor fétido, insoportable. Entonces, los medios locales revelaron que se trataba de un contenedor con 150 cadáveres, "el tráiler de la muerte". Poco después, los medios locales revelaron el hallazgo de un segundo tráiler.
Poco después, la Fiscalía del estado de Jalisco reconoció que la capacidad del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) estaba completamente rebasada, así que tuvieron que rentar un vehículo para poder resguardar los cadáveres. En la columna "Ideas" de El Informador, Carlos Loret de Mola reveló que el entonces gobernador de la entidad, el priista Aristóteles Sandoval, no quiso pagar 70 mil pesos para el combustible que mantendría al tráiler con la refrigeración suficiente para preservar los cadáveres.
Eso, inevitablemente, provocó no solo que los cadáveres se descompusieran más rápido que si hubieran estado donde les correspondía, en sitios dignos y adecuados, sino que terminó en que los cadáveres quedaran irreconocibles por el estado de putrefacción en el que se encontraban.
De acuerdo con El Universal, era imposible la identificación de 85 de los cadáveres, señaló la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) durante la presentación de su informe especial y la recomendación por esta crisis forense.
El texto explica que esto fue consecuencia de que los cuerpos no tuvieran "las condiciones adecuadas de preservación ni de almacenamiento, lo cual provocó que se borrara cualquier dato que pudiera relacionarlos con la fecha de ingreso, el lugar de los hechos o el hallazgo, la carpeta de investigación, averiguación previa o acta ministerial o las causas de la muerte".
Asimismo, la comisión explicó que existía una "cadena de negligencias" que inició con las autoridades que localizan los cuerpos de personas no identificadas, y continuaba en el IJCF, donde se supone se deberían realizar las pruebas periciales adecuadas, y terminaba en las actuaciones de los agentes ministeriales encargados de búsqueda de personas.
Un año después, una exfuncionaria es procesada
Fue hasta el 8 de septiembre que Yolanda Salomé N., exfuncionaria de la Fiscalía General del estado (FGE), fue procesada por el escándalo del tráiler de la muerte, a días de que se cumpliera un año de que se hiciera público que esta dependencia guardó cuerpos sin identificar en la caja refrigerada de un camión que deambuló durante días por la Zona Metropolitana de Guadalajara.
La excoordinadora General de Administración de la FGE fue vinculada a proceso por Javier García Muñoz, juez Octavo de Control de primer distrito, quien además dictó medidas cautelares adicionales como presentarse a firmar cada quince días, no salir del país y presentar una garantía económica de 5 mil pesos en moneda nacional.
La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción acusó a Yolanda Salomé N. del presunto uso ilícito de atribuciones y facultades, según el artículo 152, fracción V, del Código Penal del estado de Jalisco. A ella se le señaló por presuntamente omitir el contrato con la empresa propietaria de los tráileres con caja frigorífica que resguardaron los 444 cuerpos durante la crisis del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), que detonó en septiembre de 2018. Asimismo, habría ordenado pagos desde un fondo revolvente.
Además, se señaló que el plazo para el cierre de la investigación complementaria sería de cuatro meses, concluyendo en enero de 2020, cuando ambas partes tendrían la posibilidad de presentar nuevas pruebas y posteriormente se definirá la situación legal de los imputados.
Además, continuaba el seguimiento de cuatro carpetas de investigación con las que cuenta la Fiscalía Anticorrupción por diferentes delitos en el caso del tráiler de la muerte, sin embargo, esta es la primera vinculación a proceso por ese escándalo.
Cabe recordar que la Contraloría del Estado realizó procedimientos administrativos contra funcionarios del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de Protección Civil del estado.