Chihuahua.- Enfrentamientos entre sicarios y policías, matanzas, incendios, incluso la amenaza de que un banco se retirara de la región por la extrema violencia.
Enfrentamientos entre sicarios y policías, matanzas a la alza en Chihuahua
Además de la desaparición forzada de un médico y los asesinatos de dos funcionarios han enmarcado la estrategia adoptada por el Gobierno del Estado desde que asumió el control de la seguridad pública en siete municipios de la entidad, cuatro meses después de comenzar esta administración.
Mediante el desplazamiento de elementos de la Policía Estatal, el 18 de febrero de 2017 se instaló el Mando Único en los municipios de Madera, Temósachic, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, acorde con el decreto 80/2017.
Posteriormente, el 1˚ de abril de ese año, se incluyó a Cuauhtémoc en un esquema mixto, ya que no se replegó a los policías preventivos, sino que se les incorporó como apoyo de las fuerzas estatales, según se estableció en el decreto 86/2017.
Para implementar el control de las policías, el gobernador Javier Corral determinó junto con el fiscal general del Estado, César Peniche, enviar a más de 260 agentes de esos municipios a pruebas de control de confianza, según se dio a conocer.
El periodo de exámenes inició en febrero de 2017 y concluyó en octubre pasado. Los resultados: Sólo el 60% se reintegró a sus funciones; el resto reprobó los exámenes de control.
Desde entonces, la Fiscalía General del Estado (FGE) se encarga de la procuración de justicia en los municipios de Madera, Cuauhtémoc, Gómez Farías y Temósachi, donde se registraron 353 asesinatos el año pasado. Un aumento de prácticamente el doble de homicidios que los perpetrados en 2016, cuya cifra fue de 178 muertos, de acuerdo con datos de la dependencia estatal. Los demás municipios se supone que ya fueron ‘liberados’ a Seguridad Pública Municipal’.
No obstante en casi todas las regiones, la cronología de enfrentamientos en esos municipios se amplió desde la implementación del Mando Único.
En el municipio de Madera, el 29 de abril, las Fuerzas Armadas confirmaron la muerte de seis presuntos sicarios quienes fueron abatidos durante un enfrentamiento contra militares en la localidad de Agua Hedionda.
Al día siguiente, tres hombres armados fueron acribillados por policías en Mina de Dolores. El 8 de mayo, una persona fue ejecutada en un cruento enfrentamiento entre cárteles rivales en el poblado de Las Varas.
El 24 de junio, la comandancia de la Policía Seccional de esa misma localidad fue atacada e incendiada con un saldo de dos agentes asesinados. Cuatro días después, se encontraron ocho osamentas en narcofosas, de las cuales seis corresponderían a cadáveres decapitados.
En tanto que el 5 de julio, ocurrió la matanza de 15 personas —según cifras oficiales— en Las Varas, Madera, derivado de un enfrentamiento de cinco horas entre 60 sicarios pertenecientes a cárteles contrarios.
Dos días después de esa matanza, se documentó que los sicarios que irrumpieron en esa comunidad, se llevaron a personal médico de un centro de salud. Los médicos fueron obligados a prestar atención a los heridos. Más tarde, según fuentes de la FGE, los médicos regresaron a su lugar de trabajo.
Ante la escalada de la violencia aquel 5 de julio en Las Varas, el presidente municipal de Madera, Jaime Torres Anaya, impuso un toque de queda y desde la Presidencia Municipal se exhortó a que ningún habitante saliera de sus casas.
El municipio de Gómez Farías, a cargo del Mando Único, también vivió una ola de ataques, crímenes y ‘levantones’. El 18 de octubre de 2017, comandos que se desplazaban en 50 vehículos ‘tomaron’ esa ciudad y privaron de la libertad a cinco personas, entre ellas, dos policías e incendiaron casas y coches.
De acuerdo con el fiscal general, el problema de la violencia “no es exclusivo de Chihuahua, también se manifiesta en otras entidades”.
En tanto, en la comunidad de Gómez Farías continuaron las quemas de casas y vehículos ‘levantaron’ a policías, los golpearon y a unos los dejaron ir, a otros sólo localizaron sus cadáveres.
En el contexto de la “narcoviolencia”, en octubre también se suscitaron confrontaciones entre grupos criminales en Gómez Farías y Madera, donde los comandos cerraron temporalmente hospitales. Semanas después, el 8 de noviembre pasado, fue secuestrado el director del Hospital Comunitario de Gómez Farías, el doctor Blas Juan Godínez, cuyo paradero aún se desconoce.
Esta situación orilló a pasantes y a prestadores de servicio social de 10 comunidades de la región a retirarse de las clínicas ya que no existían garantías para ejercer su trabajo.
Lo anterior desató protestas y marchas de médicos en la ciudad de Chihuahua, debido a la inseguridad que ha afectado al gremio en el área serrana de la entidad.
El Gobierno del Estado respondió con la negociación de un aumento salarial hasta del 50 por ciento a aquellos médicos que aceptaran prestar sus servicios en la Sierra. También les ofrecieron auxilio policíaco vía WhatsApp.
Aún así, los médicos insistieron en frenar el envío de más especialistas o pasantes a las regiones peligrosas. Tras esta serie de ataques en la Sierra, hospitales y centros de salud de los municipios de Buenaventura, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Madera y Namiquipa, dejaron de brindar sus servicios, afectando a miles de habitantes.
Ante esta situación, la Secretaría de Salud del Estado indicó que únicamente las personas que requirieran atención médica urgente durante la clausura de estas clínicas, serían trasladadas a nosocomios de poblados aledaños como Cuauhtémoc y Nuevo Casas Grandes.
La iniciativa privada también se dijo afectada por la inseguridad en el área. La institución financiera BBVA Bancomer anunció que el 24 de noviembre de 2017 cerraría su sucursal en Madera, debido al clima de violencia que se había suscitado meses anteriores.
Al cabo de anunciar su clausura mediante un desplegado, diputados del la LXV Legislatura del Congreso de Chihuahua amagaron a BBVA Bancomer con retirarle las cuentas de nómina de la Torre Legislativa y relegarlo en el concurso de reestructura de la deuda del estado en caso de retirarse del municipio de Madera, donde se desarrolla un amplio sector industrial, minero, forestal y ganadero.
Después de negociaciones entre el Gobierno del Estado y ejecutivos de la institución financiera, así como peticiones ciudadanas de la zona, el banco decidió permanecer en Madera.
Hacia el último mes del año pasado, un comando asesinó a Édgar Pérez de la Cruz, jefe del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Municipal de Cuauhtémoc.
Ya este año, Asimismo, en el municipio de Casas Grandes hubo varios ataques entre grupos del crimen organizado con policías federales, lo que dejó un saldo de cuatro muertos en Estación Cumbres, el 21 de febrero.
Además, el tesorero municipal de Ignacio Zaragoza, Guadalupe Payán Villalobos, fue acribillado el 5 de marzo pasado, luego de que un grupo de sicarios irrumpiera en las oficinas del Ayuntamiento, lo sacaran de las oficinas y dos horas después encontraron las autoridades, su cadáver en una brecha del pueblo Tres Castillos.
Los enfrentamientos continúan, como se dio cuenta el fin de semana pasado en Cuauhtémoc, Jiménez, Parral y Valle de Zaragoza. Aparte de que en días pasados se informó de la quema de viviendas y vehículos en la ranchería Lagunitas, del municipio de Madera, donde también se encontró el cuerpo calcinado de una persona.