Hace pocos días, se viralizó el caso de Daniela, el nombre falso que se dio a una sobreviviente de secuestro por parte de los Z y del Cártel del Golfo. Por obvias razones, no es su nombre verdadero, pues Daniela fue usada con fines de explotación sexual durante 7 años, primero por los “de la última letra” y luego, por el cártel. Al hacerse conocida su historia, muchas personas han quedado asustadas, indignadas y devastadas al saber lo que le ocurre a las chicas que son secuestradas por los grupos de delincuencia organizada.
Pero lo más relevante: ¿qué hacen las autoridades ante esto? ¿Hubo alguna respuesta frente a las denuncias de Daniela? Sí, ya la respuesta fue: “tenemos miedo”.
En efecto, de acuerdo con Vice News, el caso de Daniela paraliza de miedo a las autoridades mexicanas que tendrían que dar solución a eso tan terrible que esta sobreviviente ha contado: tortura, secuestros, asesinatos, maltrato extremo, tráfico sexual…
Daniela ni siquiera es mexicana, es nicaragüense, y fue secuestrada de su país para ser llevada a Tamaulipas, para obligarla a prostituirse y durante ese tiempo, ella pudo ver el destino de otras jóvenes secuestradas para ser usadas como objeto de diversión por clientes perversos que pagan lo que sea con tal de divertirse viendo a alguien sufrir y morir.
Daniela escapó gracias a la ayuda de una persona anónima, que todavía vive en el norte del país. Esta persona le ayudó a escapar e incluso le consiguió un boleto de avión a la Ciudad de México, donde denunció su caso frente a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Así, Daniela expuso su caso en febrero de 2015.
La denuncia de Daniela y la exposición de su caso por los medios es un acto de mucha valentía. Las experiencias que vivió y la peligrosidad de las personas de las que logró escapar, hacen que su relato tenga mucho valor. Sin embargo, las autoridades judiciales poco o nada han hecho al respecto.
Más de un año después de su primera declaración, la SIEDO citó a Daniela para que ampliara sus declaraciones. Ella accedió, pero primero preguntó qué se había hecho hasta el momento con base en la primera denuncia presentada. La respuesta fue que nada, porque les daba miedo. Daniela no puede creer lo que escuchó en la reunión llevada a cabo el 18 de julio de 2016.
Fue el coordinador de ministerios públicos de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos quien lo dijo tal cual se menciona. En dicha reunión también estuvieron una abogada de la organización civil Comisión Unidos contra la Trata y otra abogada de la ONG Fundación Camino a Casa, quienes pidieron que su identidad se mantuviera en secreto, porque en verdad sienten mucho miedo.
De acuerdo con Óscar Balderas, el reportero que sigue este reportaje, las personas de la SEIDO dijeron que habían enviado a un grupo de personas de la secretaría a Tamaulipas para investigar, pero como es una zona difícil, los habían querido “levantar” y por eso ya no siguieron investigando nada. Daniela está sorprendida de que ahora ellos tengan miedo.
El reportero apunta la diferencia de trato que se le ha dado a Daniela, contra el que se le dio a Alan Pulido, el exseleccionado nacional, quien, al ser secuestrado, motivó la movilización inmediata de las autoridades para rescatarlo. El jugador regresó a su casa 24 horas después de haber sido plagiado e incluso el gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre, lo visitó personalmente para asegurarse de que estuviera bien, una cortesía que no se tiene para ninguna víctima de un delito.
Como si todo esto no fuera suficiente, las irregularidades en el caso de Daniela no paran ahí: molesta porque no había avances en su caso, la joven nicaragüense pidió que SEIDO no siguiera al tanto de su expediente y que, a partir de agosto de este año, se hiciera cargo de su caso la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), también perteneciente a la PGR.
Sin embargo, comentó la abogada de Daniela, cuando FEVIMTRA recibió el expediente, notó que SEIDO había extraviado dos dictámenes fundamentales para el caso: se perdió una parte del antropológico y todo el de trabajo social que le habían hecho a Daniela. El primer dictamen sirve para medir el grado de vulnerabilidad de la víctima y el segundo para conocer las redes de apoyo en su lugar de origen.
Además, Daniela supo que SEIDO no había notificado al consulado nicaragüense sobre los delitos que ella había denunciado, violando así el derecho de la joven a la asistencia jurídica de su país.
Daniela afirma que se siente muy enojada, porque su denuncia requirió mucho valor y porque ella quisiera que se brindara ayuda a todas las mujeres que se quedaron atrás, presas de los delincuentes: “Ahorita hay muchas personas, muchas personas que pueden estar reportadas como desaparecidas, y las autoridades no quieren ir. Me da mucho coraje".
Balderas indica en su reportaje también que el enojo de Daniela no está sólo reservado para las autoridades: de acuerdo con el expediente CI-FDTP-TP-1/UT-1 interpuesto ante la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas de la Ciudad de México, personal de SEIDO la envío a recibir ayuda con la ONG Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y su directora regional Teresa Ulloa.
Según el relato de Daniela, Ulloa le suministraba "chorros" de tranquilizantes sin prescripción médica que la mantenían adormilada en las audiencias, le daba sólo una comida al día y la forzó a abandonar el supuesto refugio para sobrevivientes de trata que tiene la ONG que, en realidad, es un departamento particular mal habilitado.
Al preguntarle sobre los señalamientos, Ulloa confirmó que Daniela recibió medicamentos para combatir el estrés postraumático severo, pero negó darle una dosis superior a la preescrita y aseguró que le dio un buen trato a la joven.
VICE News también buscó a personal de SEIDO para dar su versión, pero declinaron a dar una entrevista y sólo enviaron una tarjeta informativa en la que afirmaron que la investigación "de estos reprobables hechos" siempre estuvo abierta y sigue su curso, pero no contestaron a las acusaciones de Daniela.
En México, los que cometen el delito de trata de personas salen impunes en un 98 por ciento de los casos, de acuerdo con el estudio Estadística sobre la eficiencia en el combate a la trata de personas en México, publicado en 2014, por el Observatorio Nacional Ciudadano.
"Lamentablemente, a lo largo del territorio nacional prevalece la impunidad crónica ante la falta de justicia, reparación del daño y verdad para las víctimas de trata", se lee en las conclusiones del estudio. "Lo cual se traduce en un 2 por ciento de efectividad en procuración de justicia".
Pese a la parálisis de las autoridades mexicanas, una esperanza le queda a la nicaragüense: dos días después de la publicación de su historia, de mano de la ONG Comisión Unidos contra la Trata, conoció al gobernador electo de Tamaulipas, el panista Francisco Cabeza de Vaca, quien se comprometió a revisar el caso personalmente y a dar con los responsables, una vez que tome posesión en el cargo el 1 de octubre próximo.
"Él me dijo que hará justicia. Yo espero que sea así, porque hizo un compromiso conmigo y con la gente que sigue en las redes de trata de personas", dijo.
Hoy, Daniela está por poner en movimiento su vida: a partir de la difusión de su testimonio, le han regalado una máquina de coser industrial, le han prestado un local comercial durante 5 meses sin renta para iniciar su negocio en México, ha recibido ya una visa humanitaria temporal que puede ser definitiva y un médico está por programarle sin costo una cirugía plástica para que, cuando se observe en el espejo, mire a la joven que fue antes de que Los Zetas y el Cártel del Golfo le desfiguraran la cara.
Por todo eso, dice, está agradecida, mientras espera el regalo más grande que aún está pendiente, ahora con FEVIMTRA: que alguien más, como ella, escape del infierno de las redes de trata de personas de los cárteles de la droga en México.