Se multiplican comentarios de este tipo entre los habitantes de los municipios de las sierras que comparten Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango. Ven con asombro algo nuevo en el proceso electoral: una efervescencia de los jefes de plaza para ser ellos quienes directamente ostenten el cargo de presidente municipal. No les basta ya que, como desde al menos el sexenio de Felipe Calderón, ocupen los gobiernos municipales de la zona mediante funcionarios que trabajan para ellos.
Narcotraficantes conocidos en la región buscaron incluso ser postulados por el partido que gobierna a nivel federal, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Algunos ya contaban con acuerdos locales para asumir las candidaturas, pero de instancias superiores del partido llegó la disposición de última hora de cerrarles el paso. No se retiraron. Se fueron a otros partidos (de la Revolución Democrática, y Verde Ecologista, principalmente, y otros a sus tradicionales Revolucionario Institucional y Acción Nacional) y con ellos inician campaña este jueves.
Se vislumbran meses complicados porque el proceso electoral se traslapa con otro en la región: un reacomodo violento de las plazas entre grupos antagonistas de la estructura baja del Cártel de Sinaloa. Al parecer el triunvirato, Mayo-Caro-Chapitos (Ismael Zamabada García-Rafael Caro Quintero-hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo) ha decidido no intervenir en lo que pasa abajo y sólo se limitarán a reconocer a las facciones triunfadoras.
En este espacio hemos dado cuenta de la guerra en la sierra de Choix entre las facciones de Los Jacobo y Adelmo Núñez Molina, Lemo. La última semana fue de asesinatos y detenciones, bajas todas entre las filas de los Jacobo. De cara al proceso electoral, se fortalece la facción de Lemo en los municipios de Choix, El Fuerte, Ahome, Sinaloa y Badiraguato. Al mismo se fortalece para los Salazares (otras de las facciones armadas del cártel) el corredor del Sur de Sonora (Guaymas, Bácum, Cajeme, Huatabampo, Cajeme, Etchojoa, Navojoa, Álamos, Quiriego) y Chihuahua (Guazapares, Urique, Batopilas, Guachochi, Morelos, Guadalupe y Calvo y Balleza).
Al mismo tiempo, sorprenden otros reacomodos y alianzas en la entidad que se antojaban imposibles e impresentables hace tan sólo algunos meses. El candidato de Morena y el Partido Sinaloense, Rubén Rocha Moya, se dejó apapachar, con fotos y todo, por el exgobernador Juan S Millán, del PRI; el exsubsecretario de Gobernación Ricardo Peralta, de los sótanos de la “inteligencia” y el “combate al terrorismo”, y el exalcalde panista de Mazatlán Alejandro Higuera.
Pero lo que sucede en los triángulos de la sierra sinaloense no es una excepción. Otro foco rojo es Guerrero y, particularmente las regiones de la Montaña y la Tierra Caliente, donde los cárteles de Los Ardillos y de otras reminiscencias de los Beltrán Leyva controlan decenas de municipios desde la llamada “guerra contra el narco” de Felipe Calderón. El pasado proceso electoral ya dejó una estela de muertos ahí y viene uno nuevo cuando grupos de sicarios se encuentran más activos.
No está demás señalar que Bernardo Ortega Jiménez, actual coordinador de la bancada del PRD en el Congreso estatal, es hermano de los dirigentes de Los Ardillos. Buscará reelegirse como diputado por el distrito 24 de la entidad.
Michoacán y Jalisco son otras entidades en cuyas áreas rurales se celebrarán elecciones bajo la sombra del narcotráfico, en este caso en medio de un violento barrido del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sobre sus escisiones y grupos antagónicos.
Las agendas de seguridad para este 2021 marcaban, desde principios de año, al proceso electoral como uno de los riesgos más preocupantes. Confluyen intereses, escenarios, variables y actores con recovecos oscuros y peligrosos.
En principio, el clima de polarización política es evidente. Más allá de las sutilezas ideológicas que dividen a los bandos en pugna, sí hay una disputa por el poder entre los viejos cacicazgos, a todos los niveles, y los nuevos cacicazgos o los legítimos esfuerzos por democratizar la vida pública.
Y el narco está acotado, con un escenario nacional inédito para él y que, por lo mismo, aprieta el control de sus plazas a niveles locales y regionales. Por eso tal vez ahora algunos jefes decidieron participar abiertamente en las elecciones.
La violencia política en el país ya ha dejado más de 75 asesinados y 33 heridos en 90 ataques, documentó el despacho Integralia Consultores. Y eso sólo en los 6 meses previos a febrero, cuando se estaban definiendo los candidatos que presentarían los partidos. Ahora viene la disputa abierta.
Advertido por los organismos de seguridad, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, impulsó la firma de un Acuerdo Nacional por la Democracia. A veces con reticencias, fue firmado por los gobiernos de todos los estados. Del documento se destacó en los medios el compromiso del presidente y de Poderes Ejecutivos de los estados de no intervenir en favor de candidatos algunos.
Pero lo que motivó principalmente el Acuerdo no fue la obviedad anterior, sino los otros dos puntos importantes. Los gobernadores se comprometieron a denunciar el apoyo del narcotráfico a algunos de los contendientes y la utilización de recursos de procedencia ilícita. Se podría pensar que se trata sólo de un rosario de buenas intenciones sin ningún tipo de vinculación legal. Pero ya es parte de una acción del Estado mexicano frente a los comicios que se avecinan.
Veremos si alcanza este acuerdo para evitar la violencia y atajar la llegada de (más) integrantes de los cárteles a posiciones de poder político formal.