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“Ahorita vas a cantar”, le dijo un mando, después de amarrarla a la jaula con esposas en cada mano, para que quedara colgada. Para ese momento ya le habían quitado el pantalón

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“Ahorita vas a cantar”, le dijo un mando, después de amarrarla a la jaula con esposas en cada mano, para que quedara colgada. Para ese momento ya le habían quitado el pantalón

UNA MUJER EN UNA JAULA, SOBRE UN COLCHÓN

Dos hombres se encuentran buscando ganado en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, cuando militares los emboscan y someten. Los amarran, golpean y amenazan con sumergir en el río hasta que no puedan aguantar sin respirar; entonces, desde las fosas nasales hasta la garganta, el cuerpo se llenará de agua y morirán ahogados. El calendario marca el 4 de diciembre de 2009.

Los acusan de ser dueños de tierras donde los soldados dicen que encontraron un sendero de mariguana, en tierra de cultivos y dominio de cárteles. Cuando uno de ellos no pudo caminar más por las heridas de la tortura –una fractura en el arco costal izquierdo– fue abandonado, malherido. El cadáver del otro fue encontrado al día siguiente en el camino a la Mesa, en el municipio de Tepehuanes. Tenía una fractura cervical que provocó su muerte; lesiones dermoabrasivas en el tórax, espalda y extremidades; lesiones equimóticas alrededor de las muñecas y tobillos, además de fractura en el húmero derecho. 

Óscar Kábata busca justicia por la tortura de que fue víctima en 2009. Foto: Especial.

Un diciembre atrás, el de 2008, día 23, una mujer fue metida a una jaula con un colchón en las instalaciones de la 5/a Zona Militar en Ojinaga, después de ser sacada con violencia de su casa, sin ninguna orden. 

“Ahorita vas a cantar”, le dijo un mando, después de amarrarla a la jaula con esposas en cada mano, para que quedara colgada. Para ese momento ya le habían quitado el pantalón. Con un cinturón empezó a golpearla en la espalda, las piernas y el abdomen, hasta que ella se desmayó por el dolor. 

“¿Cuánto vale tu libertad?”, “dame 50 mil y te suelto”, le decía, pero ella ya no lograba responder nada, fue entonces que otro militar la violó por vía anal. Para disminuir la evidencia de la tortura, médicos de la Sedena la “revivieron” y atendieron sus heridas.  

El general Espitia Hernández era coordinador de asesores hasta hace poco. 

Pero la historia no terminó ahí: tras siete días en el cuartel, el 30 de diciembre fue llevada al Ministerio Público, donde la consignaron por delitos contra la salud. 

Estos son sólo esbozos de prácticas de privación grave de la libertad, tortura, violación y violencia sexual que integrantes del Ejército cometieron durante el Operativo Conjunto Chihuahua, cuyo mando era el general Felipe de Jesús Espitia Hernández, y que fueron documentadas en un extenso expediente que las familias de las víctimas entregaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Incineración de droga asegurada dentro del Operativo Conjunto Chihuahua en 2008. Foto: Cuartoscuro.com.

Tras años de búsqueda de justicia, de recabar información que era ignorada por los gobiernos, abogados, familias de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil detectaron patrones criminales de este Operativo en 33 casos donde hubo tortura en agravio de 117 víctimas, con 232 elementos involucrados y la participación de 15 médicos militares en acciones de reanimación. Esta relatoría integra una queja que enviaron a la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad cometidos por los hombres de Espitia entre el 27 de marzo de 2008 y el 16 de enero de 2010, en el gobierno de Felipe Calderón.  

Todo comenzaba con cateos y detenciones sin órdenes de aprehensión, realizados principalmente en domicilios, después venían traslados a cuarteles –pero negando a familiares que tenían a los suyos–, donde se practicaban las torturas físicas y psicológicas, incluida la tortura sexual. 

Pero había más violaciones graves: sepultura clandestina e inhumación de cuerpos, en los casos en que las víctimas morían a manos de militares, como sucedió el 22 de junio de 2008 cuando en las instalaciones del III CINE, una persona murió en las sesiones de tortura y, para deshacerse del cuerpo, lo incineraron con gasolina, pasto seco y madera, en una brecha de carretera con dirección a la ciudad de Camargo, según la relatoría entregada por ocho asociaciones civiles a la Comisión Interamericana y cuya base documental son 26 expedientes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los cuales cuentan con informes finales, dos casos documentados en Los desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada, de la organización Human Rights Watch, y un centenar de solicitudes de información al gobierno mexicano y sus dependencias. 

El modus operandi que los militares emplearon para encubrir los abusos fue la falsificación de pruebas: alteraban registros de las detenciones, desde el día, lugar y hora hasta la circunstancia: afirmaban que fue producto de la flagrancia delictiva, en la vía pública, tras un patrullaje o en un puesto de detención. 

De acuerdo con un análisis para esta investigación a las radiografías delictivas, operación y escisiones de grupos del narcotráfico documentados por Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) de la FGR y la DEA estadunidense, el Operativo Conjunto Chihuahua coincidió con el inicio del enfrentamiento frontal entre el Cártel de Juárez y el Cártel de Sinaloa, así como el momento en el que Ciudad Juárez se convirtió en la urbe más violenta del mundo, entre 2008 y 2009, por su tasa de homicidios dolosos: 132 y 191 por cada cien mil habitantes, respectivamente. Más alta que países en guerra.   

El Cártel de Juárez operó con tres células, La Línea, Los Aztecas y el Nuevo Cártel de Juárez, mientras que Sinaloa, a cargo de Joaquín “Chapo” Guzmán, con Gente Nueva y los Artistas Asesinos. 

 

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