El líder del Cártel Beltrán Leyva se declaró culpable de importar y distribuir cocaína y mefanfetamina en los Estados Unidos en febrero de 2016; y en abril del siguiente año fue condenado a cadena perpetua y al decomiso de 529 millones de dólares.
Antes de la sentencia, el Mochomo intentó retirar la declaración de culpabilidad pero su solicitud fue rechazada, y en octubre de 2018 presentó una apelación que también fue rechazada por la Corte de Apelaciones el 26 de febrero pasado.
De acuerdo con la sentencia de la Corte de Apelaciones dictada en febrero de este año, antes de que comenzara el juicio, Beltrán Leyva se declaró culpable.
El documento señala que en la audiencia en la que se declaró culpable, en febrero de 2016, el tribunal de distrito entabló una larga conversación con el acusado antes de que aceptara su declaración y luego el Juez le preguntó si había revisado y discutido la acusación con sus abogados y contestó que sí.
Sus abogados confirmaron además que habían revisado el documento con Beltrán Leyva en español y que él había recibido una traducción en español en el momento de su extradición.
El tribunal de distrito también preguntó al acusado si estaba satisfecho con su representación de los abogados y dijo que sí; entonces, el tribunal pidió al Gobierno que resumiera las pruebas que habría presentado en el juicio. Y el juez preguntó al acusado si era culpable de las diversas acusaciones del Gobierno y dijo que sí lo era.
Durante la audiencia de pruebas, el Gobierno presentó el testimonio de un agente del Departamento de Seguridad Nacional y uno del FBI que habían entrevistado a tres testigos de las actividades que realizaba el Mochomo.
Los testigos eran Jesús el Rey Zambada García, Sergio Villarreal Barragán, el Grande; y Harold Mauricio Poveda Ortega, proveedor de cocaína colombiano.
Cuando se le preguntó al Mochomo si era “uno de los líderes de la organización Beltrán Leyva”, lo negó e insistió en que ayudaba a su hermano Arturo.
Al final de la audiencia, el juez del tribunal de distrito determinó que la declaración de Beltrán Leyva era consciente, voluntaria y apoyada por una base independiente de hechos en cuanto a cada uno de los elementos esenciales del delito, por lo que aceptó la declaración de culpabilidad.
En febrero de 2017, antes de su sentencia, Beltrán Leyva presentó una moción para retirar su declaración de culpabilidad, argumentando que el tribunal no siguió plenamente lo que establece la norma general del procedimiento penal, pero ésta fue denegada.
Tras la negativa, en octubre del año pasado el Mochomo presentó una apelación en la corte en la que argumentó que las pruebas no eran fiables en primer lugar, porque las declaraciones de Zambada, Poveda y Villarreal son rumores, transmitidos al tribunal por los agentes.
Además alegó que ellos podrían haber estado esperando obtener un beneficio del gobierno por declarar; que Zambada podría creer que él había tenido algo que ver con el asesinato de su hijo; Poveda era un “capo de la droga” con una historia criminal violenta; Zambada y Villarreal eran drogadictos; y Villarreal era “un policía corrupto” y “un sádico asesino múltiple”.
De los testimonios de los agentes sobre las declaraciones del Rey, el Grande y Mauricio Poveda, la Corte señaló que es facultad del tribunal evaluar la credibilidad de los testimonios y sopesar las pruebas.
Incluso, indica, las declaraciones fuera del tribunal de un informante no identificado pueden ser consideradas cuando hay una buena causa para la no divulgación de su identidad y se puede corroborar la confiabilidad.
Los documentos establecen que Beltrán Leyva admitió que “era miembro de la organización Beltrán Leyva” y que la organización financiaba envíos de cocaína de Colombia a México para el trasbordo a los Estados Unidos”. También que la organización producía metanfetamina en México para su distribución en los Estados Unidos.
“El hecho de que el acusado no haya hecho valer una reclamación viable de inocencia respalda aún más la decisión del tribunal de distrito de no permitirle retirar su declaración de culpabilidad”, establece la corte.
El Mochomo también apeló la sentencia del decomiso de 529 millones de dólares, ya que el tribunal estimó que transportó 25 mil 200 kilos de cocaína desde Culiacán, con un valor de 21 mil dólares por kilo en el lado mexicano de la frontera.
Alega que el cálculo de la cantidad de cocaína que hizo el tribunal, se basó en pruebas poco fiables, pues lo estimó con las declaraciones de Villarreal.
El Grande dijo que vio caravanas de siete a 10 aviones con entre 300 y 350 kilos de cocaína en cada avión, que salían una o dos veces por semana, pero para el cálculo el tribunal tomó como referencia siete aviones con un promedio de 300 kilos y una frecuencia de una vez a la semana.
La Corte de Apelaciones rechazó también los alegatos sobre el monto del decomiso.
Según los documentos, junto a sus hermanos Arturo y Héctor Beltrán Leyva operaban una organización de narcotráfico que compraba cocaína de Colombia, y por tierra, aire o agua la enviaban a México y luego la importaban a Estados Unidos, al menos de 2000 a 2012.
El cártel también produjo metanfetamina en laboratorios en Culiacán y para mantener el control de sus territorios y facilitar el transporte de sus envíos de drogas, sobornaron a los oficiales locales y asesinaron a miembros de cárteles rivales, señala.
El Ejército Mexicano lo detuvo en enero de 2008 en la colonia Burócrata de Culiacán, pero fue extraditado hasta noviembre de 2014.