“Chiapas es un ejemplo de cómo podría vivirse el país al implementarse La Ley de Seguridad Interior. Podría ser el inicio de la toma de poder y control del Ejército, lo cual va más allá de la frase tan repetitiva: ‘se militarizará al país’. Las ejecuciones extrajudiciales no solamente se desbordarían ni siquiera se podría hacer un intento de búsqueda de justicia.
Además, por encima del legislativo y del propio Presidente las fuerzas armadas podrían decidir y actuar, para después posiblemente ser cuestionadas por su actual pero no por ello se resarcirán los daños causados. Eso no es más que la toma de control de Marina y Ejército. Hoy en las urbes reprimen policías mañana se pueden normalizar escenas poco menos, igual o peor que las del 68, las del 71, las del 1 de diciembre de 2012 en la Ciudad de México o el 94 en los Altos de Chiapas”, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO la activista Aida Palacios.
La también especialista en Gobierno y Movimientos sociales, ejemplifica en un caso las consecuencias del ‘control del ejercito’, recordando la ejecución extrajudicial de Gilberto Jiménez Hernández, indígena tzeltal, quien fue asesinado por agentes militares, en el ejido La Grandeza del Municipio de Altamirano, Chiapas.
“Desde 1994 cientos de personas agrupadas en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tomaron edificios y oficinas públicas en varios municipios de Chiapas con el fin de reivindicar sus derechos. A partir de aquella fecha, la presencia del Ejército aumentó significativamente y los objetivos de la intervención militar se plasmaron en el ‘Plan de Campaña Chiapas 1994’, diseñado por la Secretaría de la Defensa Nacional”.
“El Gobierno federal ordenó una incursión masiva en Chiapas contra el EZLN y el Ejército penetró en más de treinta comunidades de la región”. En estos operativos se presentaron detenciones arbitrarias, torturas, violaciones al debido proceso, allanamientos indebidos, destrucción de propiedades, ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones de derechos humanos.
Durante una alarma en el ejido La Grandeza, de que una unidad con cerca de 500 soldados estaba por llegar. Señalaron que varias familias, entre ellas la Gilberto, decidieron refugiarse en un cerro ubicado a cerca de 2 kilómetros al sureste del ejido. Informaron que, “al día siguiente, entre las 13:00 y las 15:00 horas, una patrulla de reconocimiento del 17º Batallón de Infantería del Agrupamiento Yabur compuesta por 54 soldados interceptó a setenta personas que habían huido de La Grandeza, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, todos indígenas tzeltales. Expresaron que, en consecuencia, todos los civiles corrieron en dirección contraria a los soldados.
Gilberto, su esposa y sus hijos se encontraban en el grupo de vecinos que huyó del poblado La Grandeza por miedo a ser alcanzados por el Ejército, a él sí lo alcanzaron. “Los soldados iniciaron un tiroteo y el grupo de vecinos se dispersó por los alrededores, intentando ocultarse en la maleza”. Afirmaron que Gilberto Jiménez Hernández intentó esconderse pero no pudo porque llevaba en la espalda a su hija pequeña “atada a su espalda con un rebozo”.
El soldado de infantería Abner García Torres lo encontró y le ordenó, en español, que se detuviera. Agregaron que, siguiendo órdenes de los soldados, se tendió en el suelo y que, pese a cumplir las indicaciones impartidas, el soldado “sin ningún aviso ni motivo, le disparó, sin importar que Gilberto llevara a su hija en la espalda, desde una distancia aproximada de ocho metros”.
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Una de las balas penetró en su ojo derecho causándole la muerte inmediata, siendo su esposa e hijos testigos de la ejecución. Indicaron que los miembros del Ejército no permitieron separar a la niña que llevaba en la espalda del cadáver de su padre, sino que debió permanecer durante varias horas después de asesinado.
“Ese es uno de los casos más brutales conocidos que ha cometido el ejército, pero no el único ni el último, eso es provocado por la libertad y la protección a las fuerzas armadas. La violencia que no han vivido en una guerra pero que han sido entrenados para ejecutarla lo hacen pero contra el pueblo que lógicamente padece una situación desconocida para la que psicológicamente no está preparado. Nadie lo está.
Chiapas es el espejo vivido de lo que México sería, de lo que se está por cumplir porque lamentablemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es más que una extension más del gobierno federal. Los ministros se han supeditado a las órdenes y no darán marcha atrás al trabajo bien hecho en pro del as fuerzas armadas. No lo revertirán su compromiso no es con el pueblo, es con las altas esferas de poder. ‘La mafia del poder’ le dicen por ahí”, asegura la especialista.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Frayba, en este contexto, la Ley de Seguridad Interior es un instrumento más para el ciclo de violencia y corrupción generado desde las estrategias de contrainsurgencia creadas por el Estado y ejecutadas por el Ejercito mexicano.
“La Ley permite el uso ‘legitimo’ del Ejército mexicano para actuar en el ámbito de seguridad desde una lógica de guerra. La experiencia histórica en Chiapas refiere que la militarización genera violaciones a derechos humanos y mantiene la impunidad en crímenes de lesa humanidad, como la ejecución extrajudicial de Gilberto Jiménez Hernández y José Tila López García”.
La actuación del Ejército mexicano, en “apoyo” a las tareas de seguridad pública, responde a la criminalización de las personas y organizaciones sociales que luchan por los derechos humanos, legitima las injusticias cometidas en el pasado por militares y es un riesgo actual para las luchas por la autonomía y en defensa de sus territorios, señala Frayba.
Además remarca que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han efectuado sendos llamados para que se frene la Ley de Seguridad que favorece la militarización, tema delicado con elecciones en puerta.
“Históricamente, Chiapas ha padecido los efectos de esta política que se ha mantenido con la venia de la autoridad; muestra de ello es la aprobación de un endeudamiento del gobierno del estado para la edificación de un cuartel militar en Chicomuselo”.
Cabe señalar que en noviembre pasado, se dio a conocer que la LXVI Legislatura local autorizó, con cuatro votos en contra y una abstención, que se aumentara la deuda de Chiapas al contraerse un nuevo empréstito por más de 3 millones de pesos que se sumarían a los 125 millones de pesos de deuda ya adquiridos, para la edificación de un cuartel de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la denominada “tierra de los siete jaguares”.
En octubre pasado, en el marco del “Movimiento contra la explotación minera y el despojo de la Tierra y el territorio”, diversas organizaciones sociales firmaron la exigencia a las autoridades “para poner un alto a la militarización y el patrullaje del Ejército en el territorio de las comunidades de ese municipio. Y también responsabilizaron al Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, de cualquier agresión o ataque en su contra”.