Sobre las 2 de la mañana del 21 de abril, 2010, una caravana de pistoleros del cartel de la droga de los Zetas, una de las organizaciones de narcotráfico más violentas del mundo, entró en Monterrey, México, una ciudad próspera y bulliciosa que es considerada la capital comercial del país.
Con descarada eficacia, establecieron retenes en todas las vías principales antes de enviar un convoy de vehículos todoterreno al centro de la ciudad para rodear un Holiday Inn.
Un enjambre de hombres fuertemente armados, algunos enmascarados, tomaron por asalto el lobby del hotel y corrieron directamente al quinto piso, reventando las puertas de cada cuarto y arrastrando a los huéspedes de sus camas.
Los pistoleros interrogaron a los huéspedes, y después separaron a cuatro de ellos del resto: un ejecutivo de marketing de una empresa de productos ópticos, un ingeniero químico de una fábrica de cosméticos, un vendedor de zapatos que iba a ser padre por primera vez, y una profesora de universidad que era madre de dos hijos.
A continuación, los cuatro fueron metidos con el recepcionista del hotel en los vehículos de los pistoleros y se los llevaron. Ninguno de los rehenes ha sido visto desde entonces. Se presume que todos están muertos.
Durante años, sus parientes y amigos rogaron por respuestas. ¿Por qué se convirtieron en objetivos sus seres queridos — mexicanos de clase media sin vínculos conocidos con el crimen — en este espasmo de violencia del narcotráfico? La familia del ejecutivo de marketing negoció y pagó un rescate inútilmente antes de que los Zetas cortaran contacto.
“Nunca pudimos descubrir por qué fueron secuestrados. ¿Qué les hizo tan importantes?” dijo David Anabitarte, el supervisor y buen amigo del ejecutivo de marketing. “Fue difícil aceptar lo que pasó porque nunca tuvo sentido.”
Las autoridades mexicanas insinuaron inicialmente que las víctimas habían sido de alguna forma responsables de sus propias desapariciones, agregando insulto al dolor.
La profesora de universidad, alegaron, podía haber estado involucrada en un romance con uno de los rivales de los Zetas. Y las autoridades especularon que el ejecutivo de marketing, quien había logrado ascender a su familia a la clase media alta, podría haber tenido alguna conexión con el narcotráfico.
Sin ninguna explicación creíble acerca de porque los Zetas harían un despliegue de estilo militar en una importante ciudad metropolitana para secuestrar huéspedes al azar en un hotel económico, alguna gente cercana a las víctimas empezó a creer eso también.
“Me acuerdo de estar sentado callado mientras algunos de los propios parientes de Luis decían que debía haber tenido una vida secreta,” recordó Anabitarte. “Fue inaguantable. Yo sabía que no era verdad.”
Efectivamente, no era verdad. Y una agencia de las fuerzas de seguridad lo sabía con certeza: la DEA, la administración antidrogas de Estados Unidos. Describiendo por primera vez lo que pasó en el Holiday Inn, funcionarios de Estados Unidos dijeron que hasta el día anterior a los inexplicables secuestros, la DEA había estado haciendo un operativo de vigilancia desde el Holiday Inn.
Varios miembros de la Unidad de Investigaciones Sensibles (SIU en inglés), un equipo de policías federales mexicanos especialmente seleccionados y entrenados por la DEA, se habían hospedado en el hotel. El equipo había estado trabajando de forma encubierta, intentando rastrear los movimientos de un jefe de los Zetas llamado Hector Raúl Luna, conocido como “El Tori.” Pero Luna se percató del operativo y mandó a sus pistoleros al Holiday Inn para acabar con ello.
La DEA no se quedó a descifrar cómo se habían tan violentamente volteado las mesas. La agencia evacuó a los agentes de la SIU de Monterrey, y nunca miró atrás hacia la gente inocente que no tuvo tanta suerte. La agencia nunca reveló su papel en lo que había pasado ni a las autoridades locales ni a las federales. No ofreció ayuda para investigar el incidente, o usar sus capacidades de vigilancia para buscar a los secuestradores. Ni dirigió un escrutinio interno para averiguar si la filtración de inteligencia que había traído a los Zetas al Holiday Inn había salido de dentro de la SIU.
La conexión de la DEA al ataque del Holiday Inn, que no había sido revelada hasta ahora, no fue un incidente aislado.
Una revisión más profunda de la SIU mexicana que depende de la agencia ha encontrado una década de problemas que costaron vidas humanas. En junio, ProPublica y National Geographic publicaron una investigación detallada de una masacre en 2011 que ocurrió dentro y alrededor del pequeño pueblo ganadero de Allende, a menos de una hora en vehículo de la frontera de Texas. Tanto la matanza allí como la de Monterrey fueron perpetradas por los Zetas y fueron provocadas, ProPublica ha determinado, por filtraciones de inteligencia que había sido provista a la SIU.
El número de muertos en Allende, sin embargo, fue mucho más grande. Los defensores de las víctimas dicen que hasta 300 personas están muertas o desaparecidas. ProPublica encontró pruebas de hasta 60 víctimas.
Además, según entrevistas con numerosos agentes en activo o retirados de la DEA, la SIU misma ha estado plagada de infiltraciones y ataques. Desde 2007, la mayoría de los supervisores mexicanos de la unidad se han visto comprometidos por pagos o sobornos de varios narcotraficantes, o asesinados en circunstancias que indican fuertemente que se trata de traiciones resueltas desde dentro. Uno de los supervisores, Iván Reyes Arzate, fue acusado en una corte federal de Chicago a principio de este año de haber compartido información sensible con narcotraficantes.
En una entrevista, el abogado de Reyes negó enfáticamente las acusaciones contra su cliente. La DEA, sin embargo, había sospechado durante años que Reyes era corrupto, como lo era otra gente de la SIU. Pero una y otra vez la agencia calculó que los beneficios del programa compensaban los costos. Y ha mantenido estos costos ocultos a las familias mexicanas y a los contribuyentes americanos que podrían estar en desacuerdo con aquel cálculo.
“¿Por qué no dijo nada la DEA?” preguntó un familiar de una de las víctimas del ataque al Holiday Inn. “Con todo su poder y autoridad, ¿por qué no intentaron ayudar? Supongo que las vidas mexicanas no importan.”
La DEA no respondió a una larga lista de preguntas sobre los hallazgos de este reportaje. En cambio, emitió una breve declaración por correo electrónico: “El Programa de Investigaciones Sensibles ha demostrado ser un programa internacional eficaz para apoyar las unidades antidrogas del país anfitrión capaces de hacer investigaciones internacionales de droga. Los agentes que sustentan el programa trabajan bilateralmente con las fuerzas del orden del país anfitrión. La DEA entrena, aconseja y apoya a investigadores policiales seleccionados del país anfitrión que componen las Unidades de Investigaciones Sensibles.”
Esta investigación periodística del programa de la SIU de la DEA en México está basada en entrevistas con 23 agentes y exagentes de la DEA que tienen un conocimiento profundo del programa, incluidos algunos que tuvieron puestos de alto nivel. Solo hablaron bajo la condición de anonimato porque estaban hablando de asuntos sensibles sin el permiso de la agencia.
“Si esto hubiera pasado en Estados Unidos, habría habido todo tipo de indignación,” dijo un exagente en referencia al incidente en el Holiday Inn. “Pero en México, siento decirlo, a nadie le importa una mierda.”
El ataque
Los mexicanos se jactan de Monterrey, con más de 4 millones de residentes en la zona metropolitana, como un ejemplo de lo más moderno de su país. Rodeada por montañas en el estado de Nuevo León al nordeste del país, es un lugar modelo para el libre comercio, con un ingreso per cápita muy por encima del resto del país y un paisaje semiárido poblado de campos de golf, universidades y las sedes mexicanas de empresas como BMW, Mercedes Benz, Boeing, General Electric y Heineken.
Pero todo lo que hace a Monterrey ideal para el comercio legitimo — su acceso a grandes autopistas norte-sur y su proximidad a la frontera con Estados Unidos — es igualmente atractivo para el narcotráfico. En 2010, los Zetas lo dominaban.
Fundado por exoficiales militares mexicanos, el cartel de los Zetas operaba un extenso sistema de contrainteligencia, con espías e informantes en toda la ciudad, según agentes y exagentes de la DEA. El cartel también tenía fuentes en altos niveles de la policía federal mexicana incluyendo, se cree, la SIU. Una de estas fuentes alertó al cartel sobre cierta actividad sospechosa en el Holiday Inn.
Los agentes de la DEA que hablaron del incidente dijeron que no está claro si se dijo a los Zetas que había policías federales mexicanos en el hotel, o solo que había gente que parecía ser de algún tipo de cuerpo policial. En todo caso, los Zetas desplegaron un equipo de pistoleros para eliminar la amenaza percibida.
Pero en esta ocasión, las capacidades de contrainteligencia del cartel tuvieron un límite. Un día antes del ataque, sin el conocimiento de los pistoleros, un contrapié logístico había forzado a los miembros de la SIU a mudarse a un hotel diferente. La SIU no había reservado cuartos en el Holiday Inn por suficientes días para cubrir la duración del operativo, y sus cuartos ya no estaban disponibles.
Para cuando los pistoleros de los Zetas llegaron, los miembros de la SIU se habían ido y los traficantes capturaron a cuatro huéspedes que vagamente encajaban en el mismo perfil. Cuando descubrieron su error, los Zetas intentaron sacar una pequeña ganancia. Uno de los secuestradores llamó por teléfono a Anabitarte aquel mismo día para exigir un rescate por su amigo y empleado, Luis Miguel González.
“Yo sabía que no era un engaño, primero de todo porque sabían mi nombre,” Anabitarte rememoró. Entonces, dijo, los secuestradores pusieron a González al teléfono. “Me dijo: ‘Dígale a Zitlaly con una X que la quiero’”.
Este era el código que González había acordado usar con Anabitarte si en algún momento se encontraba en apuros. Zitlaly era la esposa de González. Preguntado porque los hombres consideraban necesario usar tal código, Anabitarte dijo, impávido, “Esto es México.”
Anabitarte envió por transferencia bancaria a los secuestradores los $3,000 que habían exigido. Al día siguiente, pidieron $140,000 más. La familia dijo que necesitaba una garantía de que González seguía vivo. Paguen el dinero, dijeron los secuestradores, y González estaría en casa para el fin de semana.
La familia depositó el dinero en una cuenta bancaria como les habían ordenado los secuestradores. Pero González nunca fue liberado.
“Tomamos la decisión, por dolor, o por miedo, o por lo que quiera llamarlo, de depositar el dinero sin prueba de vida,” dijo Víctor Béjar, un tío del rehén, entre lágrimas. “Fue un error.”
Béjar dijo que se quedó en Monterrey durante días, intentando contactar con los secuestradores, mandándoles mensajes de texto y dejando mensajes de voz. “Hicimos lo que pidieron. Ahora les toca a ustedes”, les rogó. “Queremos a nuestro sobrino. Su mujer está embarazada.”
Añadió: “No sé todo lo que les dije. Pero solo recibí silencio, silencio total.”
Una década de problemas
Cuando agentes de la DEA en Monterrey y Ciudad de México se enteraron del ataque contra el Holiday Inn, se aprestaron a llevar a los agentes de la SIU de vuelta a la Ciudad de México lo más rápido posible, según los agentes y exagentes que tienen conocimiento del incidente. Los miembros de la unidad estaban trabajando de forma encubierta, pero no pasaban exactamente desapercibidos. Sus acentos y sus vestimentas dejaban claro que eran de fuera, dijo un agente, y podrían fácilmente haber llamado la atención de cualquier trabajador del hotel pluriempleado como espía para el cartel.
Aún más asombroso cuando es visto con el tiempo, los miembros de la SIU usaron sus tarjetas de crédito personales para reservar sus autos de alquiler y cuartos de hotel, dijo el agente, así que sus identidades no habrían sido difíciles de descubrir—un error operacional que fue mencionado en 2010 en una evaluación del programa SIU realizada por un contratista privado.
Otros agentes reconocieron, sin embargo, que es igual de factible que los Zetas pueden haber recibido un soplo de alguien ya en su nómina; un topo dentro de la unidad o un alto jefe de la policía federal mexicana. Para entonces ya había mucha evidencia de que la unidad estaba infiltrada.
Tres años antes, el supervisor de la SIU en aquella época había alertado a la DEA de que los Zetas le estaban ofreciendo enormes sobornos para conseguir información, y que él temía que lo iban a matar por rechazarles. En una reunión, Rubén Omar Ramirez dijo a un alto jefe de la DEA que se escondería por un rato con la esperanza de que los Zetas eventualmente perdieran interés en él.
Lo mataron al día siguiente. Un ex funcionario de la DEA que conoce los datos del asesinato dijo que Ramirez estaba en una casa segura de la SIU en la Ciudad de México cuando fue llamado a una reunión con comandantes de la división antidrogas de la policía federal mexicana. En camino a la reunión, dos pistoleros en motocicletas interceptaron su vehículo y abrieron fuego.
Partes noticiosos del crimen indican que Ramirez, que tenía 47 años y tres hijos, recibió al menos tres impactos de bala. “Parecía un trabajo interno”, dijo el ex funcionario de la DEA. “Fue citado a la reunión por alguien de quien él pensaba que se podía fiar.”
Al sucesor de Ramirez en la SIU no le fue nada mejor. Roberto Velazco Bravo, un marido y padre de aspecto menudo y lentes que era licenciado en psicología, fue asesinado en el exterior de su casa en mayo de 2008, siete meses después de asumir el puesto como supervisor de la SIU. Según archivos de la DEA, Velazco, 36, había “participado directamente en investigaciones que lograron localizar a Arturo Beltrán Leyva, e identificar otras partes de la estructura de su organización criminal, incluido su hermano, Alfredo.”
Después de los asesinatos de Ramirez y Velazco, otro alto jefe de la policía federal mexicana quien ayudó a supervisar la SIU, Víctor Gerardo Garay, fue despedido de la agencia federal por cargos de corrupción. Un alto oficial de la DEA quien trabajaba en México en la época dijo que la agencia había detectado a Garay en llamadas interceptadas solicitando sobornos de narcotraficantes colombianos. El alto oficial dijo que un miembro de la SIU llamado Edgar Enrique Bayardo acordó testificar contra Garay, y fue puesto bajo custodia de protección en México.
Garay estuvo cuatro años en prisión, pero fue finalmente absuelto de los cargos contra él. Bayardo, sin embargo, fue asesinado en frente de su Starbucks preferido en Ciudad de México en 2009. Agentes y exagentes de la DEA que conocen el caso dicen que él, como Ramirez, había sido citado en el café a través de una llamada de alguien de quien él pensaba que se podía fiar.
Iván Reyes Arzate tomó el mando como supervisor de la SIU en marzo de 2010. Los Zetas atacaron el Holiday Inn un mes después. No está claro si los dos acontecimientos están relacionados. Los cargos criminales puestos en Chicago contra Reyes dicen que aceptó sobornos de traficantes aliados con los hermanos Beltrán Leyva. La DEA sospecha que los hermanos habían ordenado los asesinatos de los anteriores supervisores de la SIU. Además, los hermanos Beltrán Leyva eran aliados de los Zetas.
“El hecho de que Reyes sigue vivo, y que sus dos predecesores están muertos, no es una coincidencia”, dijo un agente estadounidense que había trabajado con Reyes en México. “Hay una razón para eso.