En Sinaloa, por decisiones personales, los mandos de seguridad pública son militares en activo, todos.
Y actúan como lo que son. Eso es lo que podemos, debemos esperar.
La pregunta es qué hacemos con los camiones llenos de cadáveres de jóvenes… Esos diecisiete cuerpos que no tienen, siquiera, nombre. Y que, nos dicen, resultaron “abatidos” oficialmente, por balas oficiales, por un supuesto enfrentamiento, posterior a una persecución.
Que es el argumento repetido en todos los eventos sangrientos, violentos, donde han participado militares en este sexenio. Siempre, revisar expedientes, son “víctimas” de presuntos criminales que los atacan y ellos tienen que responder.
Ataques donde siempre hay un número grande de muertos. La mayoría de parte de los presuntos criminales.
Y qué bien que sea así. O qué mal. ¿Quién va a decidirlo?
Ni siquiera es cuestión de una nueva legislación para delimitar la participación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública, los militares convertidos en policías por orden superior, o por petición civil, actúan sin cortapisa alguna.
¿Y la CNDH? ¿Y el silencio de la sociedad civil? ¿Es que millones de mexicanos quieren alteros de cadáveres en la puerta de su casa cada noche? ¿Es que millones de mexicanos asumen que ésta es la única solución a la violencia?
Los argumentos son muy simples. Tanto como aterradores. Los “sicarios”, sin presuntos según la información oficial de Sinaloa, eran parte de “bandas criminales” que azolaban a la población. Están juzgados y sentenciados, por lo tanto, en automático.
En Sinaloa se viven tiempos complicados, tan difíciles como en otras partes del país. Que requieren de una respuesta eficiente de la autoridad, que garantice a la sociedad seguridad y que permita que se viva en paz. Esto no ha sucedido. El asesinato de Javier Valdez es consecuencia de la incapacidad oficial para instaurar un verdadero estado de derecho.
Nos dicen, como en otras partes del país, que son confrontaciones sangrientas entre grupos criminales.