Joaquín 'El Chapo' Guzmán, acusado de acumular miles de millones de dólares en el narcotráfico, tiene dificultades para pagar un abogado particular.
No es por faltarle dinero. Pero detenido en Nueva York, Guzmán primero tiene que encontrar la manera de reunir físicamente el dinero para pagar los honorarios legales, según una publicación de The Wall Street Journal.
El gobierno de Estados Unidos quiere incautar 14 mil millones de dólares procedentes de las presuntas ganancias que Guzmán ha obtenido con el narcotráfico en caso de que sea declarado culpable, lo cual podría hacer posible confiscar sus pagos a abogados. Antes de aceptar representar a Guzmán, probablemente cualquier abogado exija un anticipo y pida a los fiscales garantizar que el Gobierno no bloquee el dinero o levante más tarde cargos por lavado de dinero al abogado.
Guzmán se ha declarado inocente de 17 cargos penales. Se tiene previsto que su juicio comience el 16 de abril del 2018.
Desde que en enero fue extraditado a Nueva York, ha entrevistado por lo menos 16 abogados defensores, según documentos procesales.
Mientras tanto, lo han representado defensores de oficio nombrados por los tribunales cuyo sueldo se paga con dinero de los contribuyentes en un esquema pensado para imputados de bajos recursos. El Gobierno se ha opuesto a que Guzmán recurra a defensores de oficio, calificándolo como multimillonario incapaz de costearse su propio abogado.
Sin embargo, los defensores de oficio de Guzmán aseguran que éste “no puede tener acceso a fondos” y necesita determinar si algún pariente o amigo puede ayudarlo a pagar los honorarios legales, según documento procesal presentado en marzo. Las diligencias se han prolongado debido a que el Gobierno monitorea las comunicaciones de Guzmán y ha restringido drásticamente sus posibilidades de ponerse en contacto con su familia, dicen documentos procesales.
Los abogados deben tener razones de buena fe para creer que el dinero que reciben de sus clientes no es malhabido, de acuerdo con Stephen Gillers, experto en ética legal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. Si posteriormente se determina que el dinero es “sucio”, el Gobierno puede obligar al abogado a entregarlo.
La Sexta Enmienda constitucional garantiza el derecho a contar con abogado en los procesos federales, pero la Suprema Corte falló que los acusados no pueden pagar la asesoría pagando con dinero sujeto a aseguramiento. En una decisión de 1989, los magistrados usaron la analogía de que un sospecho de asalto bancario no podría contratar representante legal con dinero robado de algún banco.
El abogado que reciba dinero de Guzmán debe solicitar ante el Departamento del Tesoro licencia especial pare realizar transacciones financieras con Guzmán. Guzmán aparece en la lista negra de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros de la dependencia, lo cual básicamente prohíbe a ciudadanos de Estados Unidos llevar a cabo dichas transacciones con él. En la lista negra también se encuentran varios familiares y colaboradores de Guzmán.