Alrededor de las 13 horas del jueves, el grupo de 13 agentes —ocho policías estatales y cinco de investigación de la Fiscalía— cruzaban por el pueblo Llano Grande como parte de un operativo contra el narcotráfico en la zona, señalan fuentes estatales a este diario.
El pueblo está ubicado en una zona rural del Estado de México, en el municipio de Coatepec Harinas, limítrofe con los Estados más calientes del país: Guerrero, Morelos y cercano a Michoacán. Una zona de cultivo de marihuana y tráfico de cocaína —según las autoridades—. Y ahí, en una carretera rural fueron emboscados y masacrados en uno de los mayores desafíos del narco mexicano a las fuerzas de seguridad civiles del país.
Los cuerpos amontonados junto a la acera y frente a una de las patrullas balaceadas daban cuenta de una de las tragedias que no se han detenido en México. La imagen pone a México de nuevo ante un crimen que recuerda a los peores años de la guerra contra el narcotráfico, emprendida en 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón (del PAN) y que continuara Enrique Peña Nieto (del PRI) hasta 2018. El actual presidente, Andres Manuel López Obrador (de Morena) acuñó como eslogan de campaña el famoso “abrazos y no balazos” para anunciar que rompería con la tradición sangrienta de 12 años de terror y muerte que se había saldado con miles de víctimas y casi 100.000 desaparecidos en fosas comunes. Los cadáveres de 13 policías evidenciaron que México se sigue pareciendo más a aquellos años de guerra que a la promesa de pacificación de un mitin electoral.
El convoy había salido esa mañana de Ixtapan de la Sal, núcleo urbano más importante de esta zona rural. Al frente del convoy iba un Jeep, después una camioneta tipo pick up blanca —la única sin sellos de la policía, donde viajaban los agentes de la Fiscalía— y detrás, una patrulla estatal, un Dodge Avenger. Aunque las autoridades tenían el conocimiento de este patrullaje, enmarcado en un operativo más amplio de combate al crimen organizado del que no pueden desvelar más datos, la primera vez que las centralitas tuvieron conocimiento de que estaban en riesgo fue alrededor de las 13.00 de este jueves, según cuentan fuentes del Gobierno del Estado de México a este diario.
A través de un audio difundido en redes sociales se escucha a un agente estatal, presuntamente en el lugar de los hechos, pidiendo ayuda desesperadamente por la radio: “Pido apoyo en Puerta del Carmen, nos están balaceando”. “Son Los Rojos, nos están disparando en Llano Grande”, continua la presunta voz de uno de los policías estatales que acabaron acribillados esa tarde. Unos segundos después, desde la Fiscalía se trató de contactar a los agentes de investigación. Pero ya no había respuesta. Ningún miembro del operativo sobrevivió.
El grupo del crimen organizado al que se refería el agente por la radio, Los Rojos, son una escisión del cartel de los Beltrán Leyva, a su vez una facción del todopoderoso cartel del Pacífico o Sinaloa. Su negocio se centra, según información de la DEA, en el tráfico de heroína. Y desde hace años se disputan la región, junto con Michoacán y Guerrero, controlada principalmente por el grupo de La Familia Michoacana, según informan las autoridades estatales. El punto en el que se encontraban los agentes este jueves es su área de influencia, señalan.
Según las primeras investigaciones, las autoridades creen que al Jeep de la Policía estatal que iba delante fue al primer vehículo que dispararon. Por cómo encontraron el todoterreno, parece que alcanzó a acelerar en medio de la balacera, pese a que es probable que los cuatro agentes que lo ocupaban estuvieran heridos. A unos 200 metros se estrella contra un coche y en sus asientos quedan los cuerpos sin vida de los policías. Atrás, los otros dos vehículos quedan atrapados entre el fuego cruzado.
Los coches estaban agujereados por los balazos en los costados, por lo que creen que los delincuentes atacaron desde ambos lados de la carretera. Las autoridades apuntan también a que los cadáveres fueron después amontonados junto a la acera. La imagen de los agentes apilados mandaba un mensaje claro al país: el poder de facto que gobierna la zona, que puede perpetrar un ataque semejante sin que hasta la fecha haya un solo detenido, son ellos.
México contó el año pasado más de 35.000 asesinatos, cifras similares al año anterior. El país atraviesa una crisis de violencia sin parangón desde hace ya 15 años, a raíz de la embestida del Estado contra los grupos criminales. Sin ser tan habituales como los enfrentamientos con el Ejército o la Marina, masacres de policías como esta han ocurrido en los últimos años. Fuentes del Estado de México recuerdan la masacre en 2019 de ocho agentes estatales en un municipio cercano, en Almoloya de Alquisiras, a unos 30 kilómetros. También, en otros puntos del país. En octubre de 2019, por ejemplo, 13 policías federales fueron asesinados en Aguililla, Michoacán, territorio que sufre como pocos la violencia. Antes, en abril de 2015, un grupo armado acribilló a un convoy de la policía de Jalisco, 15 agentes murieron.
Desde el Gobierno del Estado de México denuncian la falta de apoyo del Gobierno federal. No es la primera vez que el combate al narcotráfico ha enfrentado a diferentes gobernadores de partidos de la oposición con López Obrador, en este caso ha sido Alfredo del Mazo (del PRI). La lucha contra el narco es un asunto federal —el delito se persigue de oficio por el Gobierno central— además de que la capacidad de fuerza y extensión territorial de los grupos criminales no obedecen a las fronteras invisibles de cada entidad.
La secretaria de Gobernación (Interior) federal, Olga Sánchez Cordero, ha señalado este jueves que la masacre será investigada por la Fiscalía del Estado de México y no por la federal, como las autoridades estatales esperaban. Un anuncio que ha tensado más la relación entre los gobiernos. Y que aleja al país de un control real del terror del narcotráfico.